La brigada de la Guardia Civil María Serrano, que denunció hace una década un caso de presunta corrupción interna en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Sevilla, ha negado este lunes ante el Tribunal Militar Territorial Primero la acusación de denuncia falsa formulada contra ella por un mando del cuerpo, actualmente general.
La vista, que se celebra en Madrid, ha comenzado con una cuestión previa planteada por la defensa, que ha solicitado el archivo de la causa después de que la Fiscalía Militar retirara la acusación contra Serrano. Pese a ello, el juicio ha continuado al mantenerse la acusación particular.
La sesión se ha iniciado con la declaración de la propia brigada, quien ha rechazado de forma rotunda la acusación, seguida de la comparecencia del general denunciante, que se ha ratificado en su versión, y de varios testigos propuestos por la acusación particular. Está previsto que este martes declaren los testigos de la defensa, antes de la presentación de conclusiones e informes finales.
Una causa que sigue pese a la retirada de la Fiscalía
María Serrano se enfrenta a una petición provisional de la acusación particular de cerca de un año de prisión militar y una responsabilidad civil de 20.000 euros, por un supuesto delito de denuncia falsa. La brigada publicó este pasado fin de semana en redes sociales que una eventual sentencia absolutoria supondría “un paso importante para que nadie se vea represaliado”.
“Este juicio es una oportunidad para demostrar que cumplir con el deber no debe ser motivo de represalia”, recalcó Serrano, quien también reclamó medidas urgentes de protección para quienes denuncian posibles irregularidades dentro del cuerpo.
La denuncia por presunta corrupción interna en el Seprona de Sevilla fue archivada en su momento por prescripción de los delitos, pero la propia Serrano acabó procesada por supuesta denuncia falsa tras la acusación particular presentada por un general que, en aquel momento, era coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla.
Apoyos y críticas a la justicia militar
El caso ha generado reacciones en distintos ámbitos. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunció en su día, a través de un comunicado, que el instituto armado utiliza el Código Penal Militar contra quienes se atreven a denunciar corrupción interna. La asociación recordó que lleva años alertando de la “abusiva y arbitraria aplicación” de este código a guardias civiles en funciones policiales e incluso por hechos ocurridos fuera de servicio, y calificó de “calvario” la situación vivida por la agente desde que presentó su denuncia.
En la misma línea, Ecologistas en Acción ha expresado su apoyo a María Serrano y ha reclamado que se aplique el espíritu de la ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, así como de la directiva europea que la inspira. La organización insiste en que cumplir con el deber de informar no puede convertirse en motivo de “castigo ni de persecución”.
Asimismo, ha cuestionado que Serrano esté siendo juzgada por la jurisdicción militar por un presunto delito de carácter civil y ha recordado que uno de los compromisos pendientes de los Pactos de la Moncloa es limitar la justicia militar exclusivamente a delitos estrictamente militares.