El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que incorpore al menos dos magistrados de refuerzo en los juzgados de lo Social de la provincia: uno para Cádiz capital y otro para Jerez de la Frontera. La petición se enmarca en el plan de choque anunciado para hacer frente a la grave acumulación de procedimientos y a los retrasos que sufre la jurisdicción social en España.

La reclamación llega después de que la Comisión Permanente del CGPJ acordara iniciar los trámites de un programa extraordinario de apoyo para las 50 plazas judiciales del orden social con más asuntos pendientes. El órgano ha pedido a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia que presenten propuestas de refuerzo en un plazo de quince días.

El presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez, ha valorado positivamente la iniciativa. Sin embargo, advierte de que su eficacia dependerá del reparto territorial de los recursos, de su dotación material y, sobre todo, de la experiencia y especialización de los jueces y magistrados que se destinen a estas funciones.

"Nos parece una iniciativa necesaria, que llevamos años reclamando, pero queremos que Cádiz y Jerez sean tenidas en cuenta de manera expresa. Ambas ciudades soportan una situación de saturación absolutamente insostenible, con miles de procedimientos pendientes y ciudadanos que tienen que esperar años para ver resueltos sus conflictos laborales", ha señalado Fernández Sánchez.

Los juzgados de lo Social de Jerez, entre los más saturados

Los propios datos que acompañan la iniciativa del CGPJ reflejan la gravedad de la situación en Jerez. Según los registros a 30 de junio de 2026, la plaza número 2 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia jerezano acumula 2.733 asuntos pendientes, y la número 1, 2.698. Ambas ocupan la tercera y la cuarta posición, respectivamente, entre las 40 plazas judiciales que tramitan ejecuciones incluidas en la relación que ha examinado el órgano de gobierno de los jueces.

Para el Colegio, estas cifras son una prueba objetiva de que la demarcación necesita medidas extraordinarias. Lo son incluso después de que el Gobierno aprobara en julio la creación de una cuarta plaza de lo Social en Jerez, una decisión que los graduados sociales valoran, pero que consideran insuficiente por sí sola para acabar con la acumulación histórica de procedimientos.

En Cádiz capital, la corporación lleva años pidiendo un quinto órgano de lo Social por los retrasos generalizados. Según las denuncias de los profesionales, los señalamientos llegan ya a los años 2029 y 2030.

La Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2025 recoge que los juzgados de lo Social de Cádiz registraron 3.635 asuntos, con una media de 909 por órgano judicial, y que en Jerez entraron 3.750, con una media de 1.250 por órgano. En Algeciras, la media fue de 897 asuntos. Todas estas cifras superan la referencia orientativa de 800 asuntos anuales por órgano que fija la propia Memoria.

A ello se suma un índice de suspensiones de juicios y vistas especialmente preocupante. En Cádiz, la jurisdicción social suspendió en 2025 el 56% de los juicios y vistas, frente al 53% del año anterior, lo que añade más retrasos a procedimientos que ya acumulan importantes demoras.

Magistrados especializados para que el refuerzo funcione

Fernández Sánchez insiste en que los refuerzos deben recaer preferentemente en magistrados especialistas en el orden social o en jueces con formación y experiencia acreditadas en esta jurisdicción. "No podemos permitirnos que una medida concebida para reducir el atasco judicial termine generando nuevas complicaciones. La jurisdicción social tiene una normativa, unos procedimientos y una casuística muy específicos. Destinar a estos órganos jueces sin experiencia suficiente en Derecho Laboral y Seguridad Social puede generar mayores dificultades en la tramitación y resolución de los asuntos e incrementar la litigiosidad en vía de recurso", ha advertido.

Para el presidente, la especialización judicial es clave para garantizar resoluciones rigurosas, acortar los tiempos de respuesta y evitar que los procedimientos se alarguen sin necesidad. «No se trata simplemente de celebrar más juicios, sino de resolverlos correctamente y en plazos razonables. Queremos magistrados que conozcan esta jurisdicción, que estén familiarizados con los conflictos laborales y que puedan incorporarse con eficacia a una situación de extraordinaria sobrecarga», ha añadido.

El Colegio recuerda que estas reivindicaciones no son nuevas. En los últimos años ha denunciado en repetidas ocasiones las graves carencias estructurales de la Administración de Justicia en la provincia, sobre todo en los órganos de lo Social de Cádiz, Jerez y Algeciras. Según Fernández Sánchez, a la falta de jueces y magistrados se suman la escasez de funcionarios judiciales, las dificultades para cubrir bajas y vacantes, los fallos de los sistemas informáticos, las deficiencias de las instalaciones y los continuos cambios de señalamientos.