El mismo día que Aqualia, la empresa a la que el PP adjudicó la privatización de Ajemsa, corta el agua a 200 familias jerezanas y la oposición pide en bloque un Plan de Emergencia contra la Exclusión Social para atender a 60.000 jerezanos en dificultades, la delegada popular de Bienestar Social asegura que todo esto se "aleja de la realidad de Jerez". Entre tanto, la alcaldesa Pelayo vive ajena a la polémica en su tercer día de actos variados en la feria Fitur 2014
Unos 35.000 desempleados, la mitad de ellos sin prestación alguna y con la mayor tasa de paro de las grandes ciudades de toda España; con la pobreza cronificada en la ciudad, según el último informe de Cáritas (la organización recibió 102.282 solicitudes de ayuda, lo que supone un repunte del 71,70% respecto al ejercicio anterior a este estudio anual); con un incremento "alarmante" de familias que piden ayudas al Banco de Alimentos, que atiende a unas 400 actualmente (unas 9.000 personas); con el comedor de El Salvador desbordado y cocinando para unas 600 personas a diario... Ni con todos esos preocupantes datos puestos sobre la mesa reconoce el gobierno municipal del Partido Popular que Jerez se enfrenta a una gravísima situación de emergencia social.
Ayer, mientras la alcaldesa Pelayo se hacía una foto subida sonriente en bicicleta en su tercer día de visitas y actos variados en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2014, su delegada de Bienestar Social, Isabel Paredes, comparecía en rueda de prensa en el Ayuntamiento para restar hierro a la dramática situación que sufren en estos momentos miles y miles de jerezanos y jerezanas, al asegurar que no hay situación de emergencia social en Jerez. De nuevo la realidad virtual de los gobernantes frente a la realidad incontestable de una ciudadanía que desgraciadamente pasa en demasiados casos hambre. "La existencia en Jerez de 60.000 personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas es una cifra alejada de la realidad. Sentimos que el discurso ideológico de la oposición (que cifra en un 30% el número de personas en umbral de pobreza en el municipio) se aleje tanto de la realidad y le exigimos un poco de coherencia ante tanta incoherencia". Fue la respuesta de Paredes a la oposición, previa por cierto a la rueda de prensa que ofrecieron ayer los tres grupos municipales PSOE, Foro Ciudadano e IU, quienes presentaron la propuesta que elevarán al próximo pleno municipal del viernes 31 para que el Ayuntamiento ponga en marcha un Plan de Emergencia contra la Exclusión Social. La delegada popular entendió que no es necesario dicho plan porque su delegación ya ha puesto en marcha numerosas actuaciones encaminadas a paliar esta situación y arremetió contra la oposición por generar "alarmismo".
La proposición presentada ayer se compone de una batería de siete medidas principales: revisar los actuales indicadores de concesión de la bonificación del 90% de la tasa de agua para familias necesitadas; garantizar que ninguna familia jerezana se queda sin electricidad por falta de pago; abonar mensualmente las ayudas económicas; bonificación del 90% de la tasa de Impuesto Bienes Inmuebles a aquellas familias que no puede hacer frente al pago de recibos en casos de viviendas públicas, sociales, o que hayan evitado desahucios mediante la dación en pago; negociación entre Ayuntamiento y entidades financieras para que den salida a parte de su stock inmobiliario promoviendo alquileres sociales para personas en situación vulnerable; la creeación del bono bus solidario para personas desempleadas; y ampliar los recursos humanos y económicos de la delegación de Bienestar Social y Salud, para que puedan atender con 'solvencia' a las miles de familias que están solicitando ayuda, y al mismo tiempo se reduzcan las listas de espera.
Sobre uno de los puntos, que se revisen las bonificaciones de la tasa de agua para que nadie sufra cortes de suministro de agua, Isabel Paredes aseguró tajante que a "nadie se le ha cortado el agua en Jerez" por carecer de recursos económicos. Desafortunadas palabras el mismo día que se conoció que Aqualia, la multinacional que se ha hecho con la privatización de Aguas de Jerez puesta en marcha por el PP, cortó el suministro a 200 familias del municipio que no pueden hacer frente a los pagos. Solo en la pedanía de La Barca y tres barriadas cercanas se han registrado en 48 horas más de 100 interrupciones. Aunque esto no es más que el principio y la campaña continuará, según informa hoy el diario El País.
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