La IGAE concluye que la subvención que concedió Empleo para "atenuar" las consecuencias del despido de prejubilados careció "total y absolutamente" del procedimiento legalmente establecido.
La Junta de Andalucía concedió 19,7 millones de euros a la firma bodeguera jerezana González Byass para "atenuar las consecuencias del despido de los trabajadores prejubilados" afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la empresa puso en marcha en abril de 2008. Según publica en exclusiva este martes el rotativo gratuito Viva Jerez, la subvención no solo prescindió "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", sino que ni siquiera consta que el beneficiario de dicho dinero público lo solicitara de manera formal. La información, que firma el periodista Francisco C. Aleu, remite a las conclusiones del equipo pericial designado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) dentro de un informe que atiende al requerimiento de auxilio judicial del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la trama de los ERE en Andalucía.
A la hora de otorgar estas subvenciones queda claro que no se publicaron las correspondientes bases reguladoras, "entre otras cosas porque no existen". Tampoco consta la aplicación de los criterios legalmente exigibles de publicidad, concurrencia y objetividad en la concesión, ni queda acreditado su carácter excepcional ni la finalidad pública o interés social y económico que la justifique. En el informe, al que ha accedido el referido medio, la IGAE deja claro que González Byass no solicitó dicha subvención, como tampoco consta resolución motivada de concesión por parte de la Consejería de Empleo ni los requisitos exigidos a los beneficiarios.
El titular de la Dirección General de Trabajo "carece de competencia delegada, con los requisitos legalmente establecidos, para la concesión de esta subvención y para la ordenación del pago de la misma". Este ERE supuso la extinción de 87 contratos de trabajo por "causas organizativas y productivas". Se llevó a cabo meses antes de que diera comienzo oficialmente la crisis, septiembre de ese año, y la mayor parte de los despidos fueron prejubilaciones que la Junta incentivó con un procedimiento que ahora cuestiona este informe. En este expediente de despidos masivos, como está publicado, aparecía el nombre del exconsejero jerezano Antonio Fernández, a pesar de que abandonó la firma bodeguera en octubre de 1981. Como también recoge Viva Jerez, el propio Fernández alegó que se trataba de un error y renunció a cualquier derecho.
A todo esto, la publicación alude, también dentro de las conclusiones del informe de los peritos judiciales, a que el crédito presupuestario utilizado para el otorgamiento de esta subvención de casi 20 millones de dinero público "no es adecuado" y tampoco consta que se haya seguido "el procedimiento exigido por la Ley de Contratos del Estado para la selección de la entidad aseguradora". No consta que la consejería se ajustase a los límites legales establecidos para la asunción de compromisos de carácter plurianul, no hubo fiscalización previa por la Intervención, ni la preceptiva autorización del consejo rector de IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, un ente instrumental de la administración autonómica) para el pago de los importes superiores a 450.759,08 euros. Para redondear, recoge, tampoco se aprobó el gasto por el Consejo de Gobierno de la Junta al tratarse de una cantidad superior a los 3.005.060,52 euros.
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