Los agentes de Pastoral Familiar rechazan públicamente el 'Protocolo sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz' porque "impone de manera unilateral una ideología que distorsiona interesadamente el bien de las personas".
Apenas dos días después del día del Orgullo LGTB y sin hacer mención al desbordamiento total que sufre Cáritas como consecuencia de las políticas de recortes y destrucción del Estado del Bienestar del Gobierno del PP, Los agentes de Pastoral Familiar, los miembros de movimientos familiares y padres y madres de familia de la Diócesis de Asidonia-Jerez, han rechazado el denominado ‘Protocolo sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz’ que, con especial atención a escolares transexuales, ha sido elaborado por la Junta de Andalucía, toda vez que consideran que “atenta contra los derechos educativos”. De este modo, en una nota de prensa, indican que respaldan un comunicado nacido en el encuentro anual que celebraron este sábado en el Auditorio Juan Pablo II, en la Casa de la Iglesia.
La Diócesis explica que el texto de la Junta, “cargado de consideraciones científicas, apela incluso a lo que afirma la Organización Mundial de la Salud para señalar que la transexualidad, disforia sexual o trastorno de identidad de género, no tiene nada que ver con la homosexualidad pues, a diferencia de ésta, la transexualidad requiere intervención médica y psicológica”. Así, entienden que la aceptación del protocolo de la Consejería “es un ejemplo claro de imposición autoritaria de una actuación que médicamente no está suficientemente validada”.
“Con ese proceder se puede entender que la Junta de Andalucía no quiere entrar en debate sobre la posible patología de unas personas y buscar para ellas lo mejor en orden a su dignidad desde el punto de vista médico, existencial y humano, sino que trata de imponer de manera unilateral una ideología que distorsiona interesadamente el bien de las personas”, mantiene el comunicado. Y es que, según la Diócesis, “hay evidencias científicas de que entre el 80 y el 95 por ciento de los niños llegados a la pubertad con Trastorno de Identidad de Género (TIG), no siguen experimentando dicho trastorno en la fase siguiente de la adolescencia”. Por tanto, estiman que las medidas del protocolo de la Consejería de Educación “pueden ser consideradas como una estrategia de tratamiento psicológico para un proceso previsiblemente irreversible”.
“Esto podría provocar un daño psicológico en la maduración del desarrollo de la personalidad del joven, no pudiendo volver atrás sobre las terapias recibidas, algo que atenta al derecho a la salud, que exige la atención sanitaria fundada en los principios de reversibilidad total de los tratamientos”, indica. De la misma manera, aseguran que el referido protocolo “atenta a los derechos educativos”, pues “obliga a que los colegios, los alumnos y sus padres deban admitir que la mera presencia de un signo indicativo de posible trastorno, conlleve la exigencia de usar vestuarios y servicios contrarios al género del niño o de la niña, imponiendo de esta forma una ideología y violando así el derecho de los padres a educar a sus hijos en la moral que ellos están viviendo y quieren para sus hijos”. “Es rechazable desde el punto de vista ético y jurídico la posibilidad de que grupos de presión utilicen el medio escolar y a los niños como campo de expansión de su ideología, que va más allá del respeto que se debe a toda persona con Trastorno de la Identidad de Género”, concluye la nota de prensa.
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