El sindicato Manos Limpias presentó una querella, en enero de 2016, para denunciar el presunto fraude, que cifraba en cuatro millones de euros, cometido en la venta de entradas del Gran Premio de España de Motociclismo de 2013, de lo que culpaba a los responsables de la empresa pública Cirjesa —participada por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía— y a varios cargos de Gestión Circuito de Jerez y Velocidad Circuito de Jerez, las sociedades que resultaron concesionarias durante los últimos 15 años de la explotación del evento. Dos años después de poner el asunto en manos de la Justicia, el juzgado de instrucción número 3 de Jerez de la Frontera archiva la denuncia, ya que “de las diligencias practicadas no pueden extraerse indicios de la comisión de hecho delictivo alguno”, recoge el auto, con fecha de 8 de febrero de 2018, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es.
El sindicato señaló como posibles culpables de las presuntas irregularidades a Juan Baquero, antiguo consejero delegado de Cirjesa; Ignacio Díaz Permartin, director financiero; Carmelo Ezpeleta, consejero de Dorna Sport y consejero de Cirjesa; y José Ramón García Pérez, consejero delegado de Velocidad Circuito de Jerez; y, en un primer momento, al teniente de alcaldesa Santiago Galván, vicepresidente de Cirjesa, aunque luego lo excluyó de la querella, ya que en esa época aún no tenía competencias en la empresa que gestiona el trazado.
El auto, firmado por la magistrada María Aránzazu Guerra Güémez, recoge que el juzgado ha investigado las presuntas irregularidades cometidas entre enero y mayo de 2012 en torno a la adjudicación de la gestión del Circuito de Jerez, para lo que ha colaborado la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, que remitió un informe en el que se explica que “la empresa Gestión Circuito de Jerez obtuvo en su día la explotación del Circuito, que fue prorrogando hasta el año 2012”, y que en diciembre de 2011 se acordó el arrendamiento de la explotación del trazado a favor de la empresa Velocidad Circuito de Jerez, “posibilitando de esta manera la celebración del Gran Premio de Velocidad del año 2012”, ya que Dorna —empresa que organiza el Mundial de Motociclismo— “había comunicado previamente a Cirjesa que había dado la exclusiva para la organización y gestión del GP de España para el año 2012 a tal entidad”.
La figura empleada, la del arrendamiento de negocio, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2012, “fue avalada por el servicio jurídico del Ayuntamiento de Jerez, sin que Juan Baquero Alonso fuese consejero delegado de Cirjesa en dicho momento pues fue nombrado en marzo de 2012, no teniendo por tanto participación en tal decisión”, recoge el auto, consultado por lavozdelsur.es, por lo que “no pueden extraerse indicios de hecho delictivo alguno”, por parte de Baquero —“ni siquiera intervino”— ni del resto de participantes en la negociación —Ezpeleta, Permatin y García Pérez—.
El contrato firmado a finales de 2011 entre Dorna y Velocidad Circuito de Jerez para la celebración del Gran Premio acordó el pago de un canon de dos millones de euros —aunque la defensa de Ezpeleta alegó que el pago fue de 700.000 euros—, aunque el patrón del mundial negó entonces cualquier responsabilidad en la operación, apuntando que el único año que Dorna no pagó directamente a la empresa pública Cirjesa fue en 2012, cuando se encontraba en concurso de acreedores, y los administradores concursales no admitieron “la firma de un contrato para la celebración del premio en mayo de 2012”, buscando una solución que pasaba por encomendar esta tarea a Velocidad Circuito de Jerez.
Comentarios