La identificación de los propietarios de mascotas que dejen sus heces en la calle, un proyecto impulsado por Ciudadanos que contó con el apoyo del pleno en enero de 2016 —excepto de Ganemos, por el “sobrecoste para las arcas municipales” que podía suponer—, sigue sin materializarse. La idea es sencilla: realizar un censo de animales de la ciudad para que, cuando personal municipal encuentre excrementos en la vía pública, pueda identificar al propietario e imponer la correspondiente multa.
Para ello es necesario modificar la ordenanza sobre protección y tenencia de animales de compañía y potencialmente peligrosos para incluir la obligación del perfil genético de ADN canino en el registro municipal de animales de compañía, un trámite que está muy avanzado, aunque el Ayuntamiento está pendiente de mantener una reunión con el Colegio de Veterinarios de Cádiz para contar con su apoyo y solventar “una serie de controversias” que han surgido al respecto, según explica el teniente de alcaldesa de Medio Ambiente, José Antonio Díaz, durante el pleno de enero. “Queremos contar su colaboración, porque sin ellos no sería posible”, abunda.
“La decisión de implantar la obligación de incluir en el registro municipal de animales de compañía el perfil genético de ADN canino se realiza en aras de atajar el grave problema de heces caninas en las calles del municipio y prevenir enfermedades transmisibles tanto al hombre como a otros animales”, recoge la propuesta de modificación de la ordenanza, que deberá llevarse a pleno para su aprobación. El análisis de ADN lo llevará a cabo una empresa, un servicio que se sacará a licitación pública, que será quien lo coteje con el banco de datos recopilado previamente por el Ayuntamiento.
El precio del análisis de sangre de las mascotas, que deberán costear los propietarios, ronda los 15 euros, y permitirá identificar a los dueños que no recojan los excrementos, aunque se puede dar el caso de que, durante los primeros meses de aplicación de este proyecto, haya perros sin censar, por lo que también se procederá a multar a los propietarios que tengan a las mascotas indocumentadas.
El procedimiento también genera dudas a los expertos. “Cualquier sistema de identificación de animales de compañía distinto al sistema de identificación electrónica debería ser configurado como un sistema complementario a éste, sin que en ningún caso el nuevo sistema pueda desplazar o sustituir al primero”, recoge la web Abogacía Española, que habla de la necesidad de contar con una norma legal superior que regule este asunto. El Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios de Andalucía ya ha encargado informes biológicos y jurídicos-técnicos para determinar la legalidad de este asunto, explica el teniente de alcaldesa José Antonio Díaz al edil Carlos Pérez, de Cs, tras preguntar éste último por la demora en la aplicación de estas medidas.
El Colegio de Veterinarios de Cádiz manifiesta sus dudas sobre la viabilidad del proyecto, porque entiende que vincular la sanción con la identificación mediante ADN no contribuye al bienestar animal y se olvida el fin médico, sanitario y genético de esta medida. Además, apunta que “para que los hechos denunciados gocen de la necesaria presunción de veracidad, habrán de estar ejecutados o al menos tutelados por personal revestido de autoridad”.
Otros ayuntamientos, como el de Málaga, ya han puesto en marcha esta iniciativa, en colaboración con el Colegio Oficinal de Veterinarios de la provincia, por lo que desde el 1 de enero de 2018 todos los perros de la ciudad deben portar una chapa identificativa que acredita que están censados, “en caso contrario conllevaría la comisión de una infracción leve”, recoge la web del Consistorio, donde se informa de que las multas oscilan entre 75 y 500 euros, dependiendo de la gravedad de los hechos. Málaga también presupuesta unos 200.000 euros para costear la identificación de las mascotas de personas que se encuentren en situación de desempleo. Grandes consistorios, como el de Madrid, también se plantean implantar esta medida.
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