Intervención culpa al gabinete jurídico de no concluir su informe para readmitir a los afectados del ERE

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El informe previo de fiscalización a la aprobación en pleno resalta una decena de "insuficiencias" por parte del equipo de juristas municipal.

El gabinete jurídico del Ayuntamiento ha emitido un informe en el que, según la Intervención municipal, existen "insuficiencias" y "omisiones" para poder avalar una aprobación en un pleno extraordinario de los acuerdos transaccionales previos a la reincoporación de los 107 afectados por el ERE municipal que cuentan con sentencias por despido improcedente. En un informe emitido este jueves por la Intervención se asegura que los juristas del Consistorio no determinan "de forma concluyente si los acuerdos transaccionales que se proponen son o no conforme a Derecho”, por lo que ante esta situación no hay garantía de la legalidad de los acuerdos que puedan permitir al fin la readmisión en sus puestos de este colectivo de empleados que en un mes cumplirá cuatro años desde que fue despedido arbitrariamente por el anterior gobierno del PP. El interventor insta al ejecutivo socialista a que adopten las medidas necesarias para que se amplíe, complete y complemente el informe del gabinete jurídico, con fecha 28 de julio, para "la valoración jurídica completa del expediente en cuestión.

Más concretamente, recoge el informe de Intervención, al que ha accedido lavozdelsur.es, la valoración jurídica no especifica "si se dan todos los elementos necesarios para las transacciones individuales propuestas, incluidos los casos en que los trabajadores afectados no han recurrido". Del mismo modo, tampoco se recoge "si existe en todos los casos una relación jurídica incierta por la existencia de recursos judiciales" y "si en dichos casos existe incertidumbre sobre el resultado". Tampoco se dice si en los mismos casos "sería posible un agravamiento de la situación inicial por una y otra parte; si en los acuerdos propuestos individualmente existen condiciones recíprocas; y si con la voluntad de las partes se alcanzaría la conformidad de los recurrentes con cada transacción".

"No vamos a cejar en nuestro empeño por solucionar este verdadero drama social originado por el PP"

La proliferación de omisiones en el informe jurídico continúa. El interventor también requiere tener conocimiento previo de "si los acuerdos son adecuados a una decisión de establecer para el futuro una relación jurídica no incierta que elimine la incertidumbre con nacimiento de nuevos vínculos y obligaciones; si se concluye una valoración favorable sobre la defensa de los intereses generales del Ayuntamiento desde la perspectiva de las recíprocas contraprestaciones; si se concluye una correcta aplicación del ordenamiento jurídico en el expediente; y si se considera que en el expediente no se aprecia lesión grave para alguna de las partes, ni se observa fraude de ley ni abuso de derecho". 

Para la teniente de alcaldesa de Recursos, Laura Álvarez, "el informe del interventor deja claro que faltan elementos que son necesarios para poder llevar a pleno el expediente con todas las garantías legales. De no cumplirse, no sólo perjudicaría a la Corporación municipal, sino que podrían en peligro la propia reincorporación de los trabajadores". "Estamos ante un expediente muy complejo —ha abundado—, ya que en realidad no existe jurisprudencia sobre expedientes de regulación de empleo en las administraciones públicas y además el PP lo dejó todo atado para impedir la reincorporación". No obstante, recalca en un comunicado remitido a los medios, "este gobierno municipal sigue trabajando para solucionar todos los escollos que se nos van planteando. Seguiremos trabajando mientras siga habiendo vías de solución para la reincorporación de los trabajadores, pero las soluciones tienen que estar garantizadas jurídicamente". “Llevamos un año trabajando para reincorporar a los afectados por el ERE arbitrario del PP y no vamos a cejar en nuestro empeño por solucionar este verdadero drama social originado en el anterior mandato, contando siempre con todas las garantías judiciales y legales”, ha concluido.

Sobre el autor:

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Paco Sánchez Múgica

Periodista, licenciado en Comunicación por la Universidad de Sevilla, experto en Urbanismo en el Instituto de Práctica Empresarial (IPE). Desde 2014 soy socio fundador y director de lavozdelsur.es. Antes en Grupo Joly. Soy miembro de número de la Cátedra de Flamencología; hice la dramaturgia del espectáculo 'Soníos negros', de la Cía. María del Mar Moreno; colaboro en Guía Repsol; y coordino la comunicación de la Asociación de Festivales Flamencos. Primer premio de la XXIV edición del 'Premio de Periodismo Luis Portero', que organiza la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Accésit del Premio de Periodismo Social Antonio Ortega. Socio de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) y de la Federación Española de Periodistas (FAPE).

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