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La diputada y exalcaldesa de Jerez acude al alto tribunal en calidad de investigada por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público. 

La diputada y exalcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, declarará este lunes, 22 de febrero, ante el Tribunal Supremo, en calidad de investigada -figura que sustituye a la de imputada tras la reforma de la LeCrim-, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público. El instructor de la causa es el magistrado Antonio del Moral.

El alto tribunal abrió causa contra García Pelayo dada su condición de aforada en relación con determinados contratos administrativos realizados para Fitur 2004 cerrados por el consistorio a empresas de la trama Gürtel como Special Events y Down Twon Consulting por un importe de 355.000 euros.

García Pelayo concurrió como número dos a la cámara baja por Cádiz, donde los populares han obtenido tres escaños. Era senadora del PP en la pasada legislatura, por lo que mantiene el fuero del que ya disfrutaba.

La Sala de lo Penal del alto tribunal advirtió de "la trascendencia de los indicios" recogidos por el instructor del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la exposición razonada remitida. La Fiscalía también informó a favor de la apertura de las investigaciones.

El Supremo mantiene así la competencia para investigar a la aforada aunque no lo hará respecto a los presuntos cerebros de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo; Isidro Cuberos, exjefe de prensa del exsecretario general del PP Javier Arenas; el director del IPDC, José Agüera; la funcionaria municipal Lourdes Montenegro y los empleados de la trama Gürtel Isabel Jordán y Javier Nombela, imputados también en esta pieza.

Aprobación de pliegos sin competencia

El juez instructor de la Audiencia Nacional atribuyó a la exalcaldesa jerezana la "consciente adopción" de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello.

"Sería la propia imputada -señalaba el auto de la Audiencia Nacional en referencia a la exedil-, la que habría ordenado la confección de los expedientes después de la ejecución de los servicios por las adjudicatarias, a la que hizo el encargo sin condición alguna". Después presuntamente dictó las nuevas resoluciones necesarias para que se llevaran a cabo los pagos.

Concluía que la valoración jurídica de los "hechos posibles" atribuidos a la aforada son susceptibles de ser calificados como constitutivos de un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público.

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