El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Jerez ha dictado sentencia que declara nulos los acuerdos municipales sobre el reparto de casetas de la Feria del Caballo 2025. La resolución judicial llega después de que el Ayuntamiento de Jerez se haya allanado al recurso interpuesto por el Partido Comunista de España (PCE-IU), reconociendo que su actuación no fue conforme a derecho.
En un documento firmado hace una semana por la propia alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, se señala explícitamente que la postura de IU es correcta: "Los argumentos esgrimidos por la parte actora se encuentran fundados en derecho y que la actuación municipal podría resultar contraria al ordenamiento jurídico vigente, y que la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sostiene criterios coincidentes con los alegados por la parte demandante". Es un documento clave para este allanamiento, es decir, para dar la razón legalmente a IU.
El fallo, tras este allanamiento da la razón al PCE —representado por Raúl Ruiz-Berdejo y Domingo Pedro García—, que había impugnado los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno Local los días 17 de marzo y 25 de abril de 2025. Ambos documentos regulaban el otorgamiento y modificación de licencias para las casetas de la Feria, un proceso que, según la denuncia, vulneraba la ordenanza municipal al carecer de motivación técnica y justificación legal.
El tribunal estima íntegramente la demanda y anula los acuerdos por completo. Aunque la Feria ya se había celebrado, la sentencia tiene un peso simbólico y administrativo: deja claro que el procedimiento municipal fue contrario al ordenamiento jurídico vigente. No se imponen costas, ya que el Ayuntamiento se allanó antes del juicio, evitando así prolongar el litigio.
IU celebra la sentencia y exige responsabilidades
Tras conocerse el fallo, Izquierda Unida (IU) y el PCE han ofrecido rueda de prensa en la que califican resolución como una “victoria política y jurídica”. Los portavoces Violeta Márquez y Raúl Ruiz Berdejo destacan que el Ayuntamiento reconoce haber actuado fuera de la ley, después de meses negando irregularidades.
Desde IU recuerdan que el gobierno local había asegurado en un pleno extraordinario que el proceso era “plenamente legal”. Acusan al PP de “repartirse la feria con sus amigos” y de “convertir la Feria de Jerez en su cortijo”, beneficiando a unos caseteros frente a otros.
Los representantes de la formación reclamaron explicaciones públicas y se preguntaron: “¿Quién va a pagar las fiestas? ¿Van a pedir perdón? ¿Van a indemnizar a los perjudicados?”, se pregunta Ruiz Berdejo. También exigieron aclarar si el delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, responsable del reparto, asumirá responsabilidades tras haber “mentido reiteradamente” sobre la legalidad del proceso.
IU y el PCE subrayan que no reclamarán compensaciones económicas. "Yo entiendo que los caseteros que se han visto agravados tienen el derecho a poder presentar las demandas necesarias y oportunas para poder pedir una indemnización, que no van a salir solo de las arcas municipales, que van a salir de nuestro presupuesto", lamentaba Márquez.
