Los propietarios de la guardería La Casita, cuya directora fue detenida por presuntos malos tratos físicos y psicológicos a niños del centro, defienden su inocencia y profesionalidad a través de su abogado.
La noticia se conocía hace 20 días y sobresaltaba a la opinión pública. La Policía detenía a la propietaria de la Guardería La Casita, de la urbanización La Cartuja, como presunta responsable de maltratos físicos y psíquicos a algunos de los niños matriculados en el centro. La denuncia había partido de una extrabajadora del centro, que aportó como pruebas un audio y vídeos donde, supuestamente, se reflejaban esos maltratos. A todo esto se le unían las declaraciones del presidente de las escuelas de educación infantil de la provincia, Francisco Zamarrón, afirmando que La Casita carecía de la pertinente licencia de centro de educación infantil, teniendo en su lugar la de ludoteca, la cual no permite ejercer funciones de guardería.
Ahora, tras guardar silencio desde entonces, los propietarios de La Casita, a través de su abogado, Rodrigo Tejero, piden primero que se respete la presunción de inocencia de la directora del centro “que lleva más de treinta años de trayectoria intachable", señalando además que “mucho más allá del daño que se le hace al nombre de la guardería "no hay que olvidar que detrás de todo esto hay una persona y una familia sufriendo, de manera que cuando se demuestre la verdad poco podrá hacerse con las secuelas emocionales que dejará todo este duro capítulo en la historia de La Casita".
Es más, desde el centro esperan “que el peso de la ley caiga sobre las calumnias vertidas y los implicados asuman sus responsabilidades".
En cuanto a la denuncia, Tejero afirma que los hechos descritos en la misma "están exagerados, descontextualizados y malévolamente manipulados para sugestionar a quien los pueda leer”. Asimismo, cuestiona el contenido del video presentado como prueba, que considera que “carece de sustancia. La mayoría de las escenas que se muestran podrían pasar por escenas cotidianas de cualquier guardería, si no fuera por el elemento emocional que introduce el hecho de ser visualizadas en un juzgado".
El letrado, que afirma que ha sido de las pocas personas que ha podido acceder a las grabaciones aportadas como pruebas, considera igualmente que las mismas “se han realizado de una forma planificada y organizada. No se trata de grabaciones al azar o espontáneas. Algunas de las imágenes están tomadas en situaciones que, descontextualizadas, persiguen inducir a confusión en quien las ve”. Igual considera que ocurre con las grabaciones de audio, “donde se intenta introducir la confusión entre los nombres de los menores y los nombres de los propios profesores y directora del centro". Asimismo confirma que "si las pruebas aportadas fueran determinantes o tuvieran sustancia, el juez hubiera adoptado sin dudarlo la medida de clausura de los centros y, si tuvieran verosimilitud, hubiera podido acordarse la prisión preventiva".
En cuanto a la orden de alejamiento de 100 metros decretada a la directora, Tejero señala que “cualquier letrado habituado a la práctica forense sabe que son las medidas típicas que un juez adopta cuando no tiene claro que la denuncia sea real", recordando en este sentido que el centro sigue abierto.
El abogado también considera “dentro de la normalidad” y “un acto reflejo debido a la alarma social que generan este tipo de casos” el que los padres del centro se hayan sumado a la denuncia, si bien considera que "no deja de ser curioso que hasta la publicación de la noticia el centro no hubiera recibido ni una sola queja por parte de los padres”.
Este medio se ha puesto en contacto con los propietarios de La Casita, que no obstante señalan que aclararán cualquier tipo de duda en una rueda de prensa que convocarán en los próximos días. Aún así, sí han declarado a lavozdelsur.es que el centro sí está en regla. “Tenemos licencia de apertura desde 1998 como jardín de infancia. Ya se han hecho todos los trámites y se cumplen todos los requisitos e informes favorables y ahora solo estamos a la espera del número de código que otorga la Junta, pero tenemos informes favorables de los inspectores de Educación”.
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