Los mismos operan con licencia de ludoteca, con lo cual sólo pueden llevar a cabo actividades dirigidas al ocio, y además ni requieren personal cualificado ni están sujetos a controles.
A día de hoy Jerez cuenta con, al menos, 13 establecimientos que operan de manera encubierta como centros de educación infantil (las tradicionalmente denominadas guarderías) sin contar con la perceptiva autorización de la consejería de Educación. Los datos los aporta la Asociación de Centros de Educación Infantil Privados de la provincia y los mismos fueron entregados el pasado 23 de octubre a la delegación municipal de Educación a través del registro general de la oficina de atención al ciudadano. Entre estos establecimientos se encuentra La Casita de la urbanización La Cartuja, cuya propietaria fue detenida el pasado miércoles.
Estas guarderías ilegales están funcionando en la actualidad con licencias de ludotecas, que en pocas palabras son consideradas, según el decreto 78/2002 sobre nomenclátor y catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía, como “establecimientos de actividades culturales y sociales”. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las mismas sólo pueden llevar a cabo actividades dirigidas al ocio, en este caso infantil ya que hablamos de niños pequeños, pero no funcionar como centros educativos. Es más, ni siquiera podrían ejercer su actividad por las mañanas, ya que se considera que las ludotecas tienen que tener un horario no laboral, que esta legislación considera de tarde.
Para muchos propietarios de estas guarderías ilegales, el no legalizar sus establecimientos no es tanto un problema del precio de la licencia –la de centro de educación infantil cuesta poco más de 600 euros- sino lo que conlleva adaptar un edificio a los requisitos que pide la consejería de Educación para poder operar como tal. Entre los más destacados, el que tengan personal cualificado –con estudios de Educación infantil- aulas lo suficientemente espaciosas –dos metros cuadrados, como mínimo, por niño- y que cuenten con cuartos de baño adaptados a los menores y a sus profesores, así como despacho, cocina y un aseo para adultos. Incluso, en el caso de contar con dos plantas, al edificio se le exige un ascensor.
Además de todo esto, las guarderías pasan controles periódicos tanto de Educación como de Sanidad, mientras que las ludotecas no, por lo que para Francisco Zamarrón, presidente de la Asociación de Centros de Educación Infantil de Cádiz, esto supone, además de una “competencia desleal” un “engaño hacia los padres”.
La Asociación de Centros de Educación Infantil Privados lleva años denunciando el problema "sin que se nos haga el menor caso"
Explica Zamarrón que a finales de los años noventa cambió la legislación relativa a este tipo de centros, modificándose los requisitos que se les exigía a las guarderías. Así, mientras unas se adaptaron y llevaron a cabo las reformas necesarias, invirtiendo para ello miles de euros, otras decidieron ahorrar y seguir adelante a modo de ludoteca. Ni que decir tiene que algunas de las creadas en los últimos años han ejercido directamente como guarderías sin cumplir con los requisitos.
“Luego pasan cosas como éstas –en referencia al caso de La Casita- y nos llevamos las manos a la cabeza, pero nosotros llevamos años denunciando esto sin que se nos haga el menor caso”, afirma Zamarrón, que critica que Junta y Ayuntamientos “se pasan uno y otro la pelota y no resuelven el problema”. La situación es que mientras que la Junta otorga las licencias, ya sea de centro de educación infantil o de ludoteca, y el Ayuntamiento la de apertura, después “ninguna de las dos administraciones se encarga de verificar qué actividad se está ejerciendo”.
Y esto, a pesar que el director general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la consejería de Justicia, José Antonio Varela, remitió a los ayuntamientos andaluces una serie de recomendaciones respecto al control de estos establecimientos que ejercen su labor de manera ilegal, sin excluir de sus funciones a la Junta, instándoles a que los controlen y realicen las debidas inspecciones e incluso los clausuren llegado el caso.
Zamarrón indica que en los últimos años ha tenido constancia de casos de hacinamiento, insalubridad y maltrato –paños en las bocas de los niños para que no lloren- en algunos de estas guarderías ilegales, de ahí sus insistentes denuncias. Tras el caso de La Casita, espera al menos que haya servido para que las administraciones pongan freno a estos centros ilegales.
Comentarios