Los juicios por las demandas individuales de afectados prosiguen, si bien ya se han comunicado unas 40 sentencias declarando los despidos improcedentes. Saldaña reitera que el Ayuntamiento recurrirá los fallos judiciales y resta importancia a la improcedencia del expediente que dictamina la Justicia: "Lo que supone es un incremento en la indemnización".
Sin contar con los gastos en recursos y defensa jurídica externa, el Ayuntamiento tendrá que asumir un sobrecoste de unos 3 millones de euros a raíz de las decenas y decenas de sentencias que han declarado improcedentes los despidos de trabajadores públicos afectados por el ERE que promovió el gobierno local del PP. En total, ya se han notificado unas 40 sentencias tras los juicios por las demandas invidivuales interpuestas contra el Consistorio por los afectados y todas ellas dicen lo mismo: el ejecutivo de García-Pelayo no se ajustó a la legalidad al acometer el proceso de selección de afectados. Los únicos despidos que se están declarando objetivos son los de aquellos empleados a los que se les aplicó el criterio de edad, al tener más de 59 años.
En declaraciones a Radio Jerez, el portavoz del gobierno local, Antonio Saldaña, insistía este martes que "los procedimientos laborales son más habituales de lo que las personas piensan, y que se declaren improcedentes determinados despidos lo que supone son un incremento de indemnización". En total, tras reiterar el primer teniente de alcalde que el ejecutivo de la alcaldesa Pelayo seguirá recurriendo, el coste puede rondar los 10 millones de euros en indemnizaciones, dado que el Consistorio ya ha destinado entre 5 y 7 millones en el gasto inicial en indemnizaciones.
Las vistas no han concluido y el número de demandas por despidos improcedentes seguirá creciendo en las próximas semanas. El recurso del Ayuntamiento se trasladaría ahora al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ya en el conflicto colectivo declaró el ERE municipal como no ajustado a derecho por haberse tramitado bajo un proceso de selección de afectados "absolutamente arbitrario". Fuentes sindicales aseguraron en agosto de 2012, en el momento de la culminación del procedimiento, que el expediente hubiese costado la mitad de pesar el criterio de antigüedad en la lista de 300 afectados. Es muy llamativo que dicho criterio no se aplicase si lo que se buscaba realmente era el ahorro para las arcas municipales.
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