El concurso para elegir al nuevo director-gerente de Fundarte, la fundación pública que gestiona el Teatro Villamarta de Jerez, ha abierto un nuevo frente político. El representante del Grupo Municipal Socialista en el Patronato, José Antonio Díaz, ha registrado un escrito de alegaciones contra el proceso. El PSOE lo resume con una advertencia: "Es un coladero que acabará en los tribunales".

Díaz presentó el escrito el pasado lunes, durante la sesión del Patronato convocado para dar cuenta de la elección de un comité asesor externo al comité seleccionador, pese a que ni tan siquiera se ha publicado la lista de admitidos y excluidos, ni se ha abierto periodo de subsanación, ni alegación para los aspirantes. Los socialistas han pedido que conste en el acta y que se adjunte íntegro como anexo.

Además, solicitarán la grabación completa de la reunión para tener constancia de todo lo que dijeron allí los representantes del gobierno municipal en Fundarte.

El proceso arrancó tras la salida del anterior director-gerente, Carlos Granados. En julio comunicó a la alcaldesa y al Patronato que dejaría la entidad el 31 de agosto para empezar un nuevo proyecto laboral. Las bases para sustituirlo se aprobaron en el Patronato del 14 de agosto, con el voto en contra del PSOE, y se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia el 24 de agosto.

“Votamos en contra en agosto y lo dejamos por escrito, porque ya veíamos que estas bases eran un coladero”, afirma Díaz. “Dos meses después, el tiempo nos está dando la razón. El Villamarta es la principal institución cultural de Jerez y se merece un proceso limpio, no un procedimiento lleno de agujeros y con compadreos de barras de bar, como sabe todo el Jerez cultural que presuntamente está sucediendo”.

“¿Cuántas personas se han presentado?”

Las bases obligan a publicar una lista provisional de admitidos y excluidos, abrir después un plazo para corregir errores y publicar luego la lista definitiva. También exigen dar a conocer la composición de la Comisión de Selección una vez publicada la lista provisional. Según el PSOE, a fecha de 21 de octubre ninguno de esos documentos aparece en la sección de ofertas de empleo de la web oficial del teatro.

“¿Cuántas personas se han presentado? ¿Quién ha quedado fuera y por qué? ¿Quién las está evaluando? Son preguntas básicas y hoy no tienen respuesta pública”, denuncia Díaz. “En el anterior proceso se dio a conocer que se presentaron 18 candidatos, pero tampoco se completó la información pública que recogían las bases. Ahora estamos igualmente a oscuras. Sin publicidad no hay igualdad de oportunidades, y sin igualdad de oportunidades el proceso está viciado de origen”.

El segundo frente es cómo se puntúa a los candidatos. Las bases reparten hasta cinco puntos por formación, cinco por experiencia adicional y diez por el proyecto de gestión. Enumeran las materias que debe tratar ese proyecto, pero no dicen cómo se distribuyen los diez puntos entre ellas. Hay además una entrevista competencial, que es opcional, no tiene puntuación máxima ni regla para sumarla a la nota final. Aun así, la base novena la usa como tercer criterio de desempate.

“El proyecto de gestión vale la mitad de la nota y no hay un solo criterio escrito que diga cómo se puntúa”, subraya Díaz. “Y luego hay una entrevista que no puntúa, pero que puede decidir quién gana. Eso no es un baremo, es abrir la puerta de par en par a la arbitrariedad”. El PSOE quiere saber si existen reglas de calificación, cuándo se aprobaron y si se fijaron antes de conocer las candidaturas. “Si los criterios se han concretado después de ver quién se presenta, estaríamos ante un cambio de reglas a mitad de partido”, advierte.

Los socialistas critican también el plazo para corregir defectos en las solicitudes. Las bases dan solo cinco días naturales, frente a los diez que fija con carácter general el artículo 68.1 de la Ley 39/2015. “Un aspirante que presenta su solicitud un viernes con un error tiene, en la práctica, tres días hábiles para arreglarlo. Queremos saber cuántas personas han sido excluidas y si alguna se ha quedado fuera por un plazo que no se ajusta a la ley”, explica Díaz.

Tres asesores externos y una terna en manos de la alcaldesa

La Comisión de Selección se eligió antes de que se publicaran las listas de admitidos y excluidos. El pasado 9 de octubre acordó además pedir asesoramiento a tres personas externas. Al Patronato solo se le informó de ese acuerdo, sin capacidad para decidir. El PSOE recuerda que las bases permiten ese asesoramiento, pero no dan a los asesores ninguna competencia para valorar o decidir, algo que corresponde en exclusiva a la Comisión.

“No cuestionamos a nadie a título personal”, aclara Díaz. “Pero en un proceso público hay que saber quién propuso esos nombres, con qué criterio, qué van a hacer exactamente, si cobran, qué currículos tienen para tener potestad para opinar siquiera en un proceso de esta envergadura, a qué datos de los aspirantes tienen acceso y cómo se ha comprobado que no tienen conflictos de intereses. Si todo está en orden, que ya estamos viendo que no lo está, puesto que se han saltado las bases a la torera, explicarlo cuesta muy poco”.

Para el PSOE, lo más grave llega al final del proceso. Según las bases, la Comisión propondrá a las tres candidaturas mejor puntuadas, y la Presidencia, que ocupa la alcaldesa, elevará una de ellas al Patronato. Los socialistas sostienen que eso convierte la selección, en la práctica, en un nombramiento de libre designación, una facultad que, a su juicio, la Presidencia no tiene según la normativa vigente.

“Que nadie se equivoque: esto no es un cargo de confianza para colocar a quien se quiera”, advierte Díaz. “Si el elegido no es el que más puntos ha sacado, el gobierno del PP tendrá que explicarlo con argumentos objetivos, verificables y por escrito. De lo contrario, todo lo anterior habrá sido un paripé que tendrá consecuencias legales a buen seguro”.

Queda una última duda, la de cómo se recurre. Las bases remiten al recurso de reposición y a la vía contencioso-administrativa, pero no aclaran si es la vía adecuada para un contrato laboral de alta dirección en una fundación. “Ni siquiera está claro dónde tiene que reclamar un aspirante que se sienta perjudicado. Eso genera indefensión. Es un proceso que deja indefenso a cualquier aspirante a un puesto de esta dimensión”, señala Díaz.

Los patronos socialistas han pedido la siguiente documentación:

La certificación del acuerdo de agosto, con su voto en contra, y el acta de aquella sesión. Copia del expediente completo de selección, con la debida protección de datos personales: número de aspirantes, listas, publicaciones, subsanaciones, actas de la Comisión, criterios de puntuación y valoraciones. Que se acredite cuándo y por qué medio se publicaron las listas y la composición de la Comisión. Los baremos del proyecto, el guion de la entrevista y toda la documentación sobre los asesores externos.

Reclaman además un informe jurídico antes de cualquier nombramiento. Debería analizar la legalidad del proceso, el plazo de subsanación, el régimen de recursos y la motivación de la propuesta final. Si se aprecian riesgos para los derechos de los aspirantes, piden suspender la valoración. Si se confirman vicios relevantes, quieren que se retrotraigan las actuaciones.

“La ley de fundaciones nos obliga a velar por la legalidad de los acuerdos del Patronato, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, concluye Díaz. “Pedimos transparencia. Si el gobierno de la señora Pelayo no tiene nada que ocultar, que abra el expediente. Si no lo hace, acudiremos a los órganos de control y a los tribunales”.