Las discrepancias entre gobierno local y los abogados municipales, a los que llegó a desmentir el interventor, se salda con una baja esperada.
El Ayuntamiento cambia de director del gabinete jurídico. El gobierno local, según ha podido saber lavozdelsur.es, ha cesado al que hasta ahora era el máximo responsable del servicio jurídico del Consistorio por desavenencias con su forma de proceder. La tensión entre los abogados municipales y el ejecutivo socialista ha quedado plasmada en los últimos meses, sobre todo durante el proceso de reincorporación de los afectados por el ERE, que finalmente no volverán al Ayuntamiento tras realizarse varios informes que recogieron la posibilidad de incurrir en una ilegalidad si eran readmitidos.
“Desde la actuación del gabinete jurídico con el ERE se veía venir el cese”, comentan fuentes consultadas por lavozdelsur.es, en referencia a la disparidad de criterios surgida tras la elaboración de un informe que desde Intervención aseguraron que contenía "insuficiencias" y "omisiones" para poder avalar la reincorporación de los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo que ejecutó el PP en 2012. Así, el interventor dijo en su día que el documento elaborado por el gabinete jurídico no contenía "de forma concluyente si los acuerdos transaccionales que se proponen son o no conforme a Derecho”, no existiendo garantía de legalidad.
La valoración jurídica no especificaba, proseguía Intervención, "si se dan todos los elementos necesarios para las transacciones individuales propuestas, incluidos los casos en que los trabajadores afectados no han recurrido". La teniente de alcaldesa de Recursos, Laura Álvarez, dijo entonces que “el informe del interventor deja claro que faltan elementos que son necesarios para poder llevar a pleno el expediente con todas las garantías legales”. Como es conocido, el expediente no fue llevado a pleno tras contar el Ayuntamiento con un informe interno que desaconsejaba la readmisión por la posibilidad de incurrir en prevaricación. "Estamos ante un expediente muy complejo, ya que en realidad no existe jurisprudencia sobre expedientes de regulación de empleo en las administraciones públicas y además el PP lo dejó todo atado para impedir la reincorporación", señalaba Álvarez en un comunicado remitido hace unos meses.
El informe del gabinete jurídico municipal del 28 de julio de 2016 recogía que “respetando los objetivos de estabilidad presupuestaria, de la contención o disminución de la deuda pública y de la regla del gasto, la aprobación de los acuerdos transaccionales en sí misma no debiera entenderse como una decisión que implique una gestión gravemente dañosa para el interés general, siempre eso sí, contemplando la adopción de medidas que no vayan en contra del objetivo de la estabilidad presupuestaria”. Finalmente, ante la imposibilidad de que el servicio jurídico del Ayuntamiento tuviera lista la documentación antes del inicio de los señalamientos en el TSJA, el gobierno local decidió encargar un nuevo informe a una empresa externa.
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