El CAZG replica a Saldaña con la denuncia de su "desastrosa" gestión al frente de la entidad y pone de ejemplo la compra del inmueble de la FAR, por encima de su valor y con un coste de 800.000 euros.
El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana ha respondido a la denuncia vertida por el parlamentario andaluz del PP, Antonio Saldaña, en relación con la subida de los recibos a los que deben hacer frente unos 850.000 hogares de la provincia, el aumento de los costes de personal en la institución, así como la ausencia de inversiones. A juicio de la entidad, presidida por el alcalde de Sanlúcar, el socialista Víctor Mora, todas estas aseveraciones solo responden al "hostigamiento" que hace el referido dirigente popular sobre el CAZG y le ha instado, en una nota de prensa, a que "en vez de manchar el nombre de un organismo público, técnico y apolítico como es el Consorcio de Aguas, responda, por ejemplo, por qué en el periodo en el que él fue su presidente las obras finalizadas por parte de la Junta de Andalucía no llegaron a ponerse en servicio, causando un considerable perjuicio a la ciudadanía y utilizando un Consorcio público para hacer oposición política".
En este contexto, la entidad ha denunciado la compra "desastrosa" que el Consorcio realizó en 2013, con Saldaña como presidente, para hacerse con la sede que actualmente tiene en la calle Ancha de Jerez. "Debería explicar por qué en 2013 realizó la compra del edificio que ahora es la sede del Consorcio y que ha sido su inversión histórica más significativa, un edificio con un avanzado estado de deterioro estructural, y con imposibilidad de reforma por ser patrimonio histórico, y cuyas reparaciones en lo que va de año ya ascienden a 55.000 euros". Esta inversión, ha agregado, "no se dedicó a la mejora del abastecimiento, sino a salvar a la Fundación Andrés de Ribera (FAR), acordándose la compra con el entonces presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, por un valor cercano a los 800.000 euros, pagándose al contado. Un valor significativamente superior al precio de salida de dos subastas que resultaron fallidas por ausencia de pujas".
Respecto a la subida del recibo, asegura que "Saldaña lleva sin actualizar este discurso demagógico un año, retorciendo la realidad hasta límites realmente insostenibles". El Consorcio por unanimidad aprobó en julio del año pasado actualizar mínimamente la tasa en dos céntimos el metro cúbico, pasando del 0,13 al 0,15 euros/m3, "tasa que no se había tocado en más de veinte años, incluso antes de la propia creación del Consorcio, cuando era Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Con muchísima diferencia, la tasa del Consorcio es la más baja de toda España de organismos de gestión del agua en alta, prácticamente la mitad de la siguiente más baja". En este sentido, añade, "el precio final que pagan los ciudadanos lo establecen los ayuntamientos o las empresas privadas en el recibo, que engloba no solo el abastecimiento en alta por el que cobra el Consorcio, sino también el suministro domiciliario, depuración, saneamiento, alcantarillado, vertidos, basura, canon de mejora local para amortización de infraestructuras municipales...".
"El señor Saldaña ni apareció por el Consorcio, ni quiso saber nada de él, ni tampoco de sus trabajadores"
Del mismo modo, en la información remitida a los medios, el Consorcio alude al incremento del gasto de personal y asegura que en el pasado ejercicio ha tenido que asumir 350.000 euros (incluida la Seguridad Social) por sentencias judiciales laborales en 2016." Es absolutamente falso que se haya producido una subida superior a la prevista en los presupuestos del Estado. Al hilo de lo anterior, el Consorcio asegura que resulta "incomprensible" que Saldaña ponga el acento en los gastos de personal, "cuando es una situación de la que él precisamente es el principal responsable". "En los años en los que fue presidente del Consorcio, no se sentó a hablar ni una sola vez con los representantes de los trabajadores, a pesar de las continuas solicitudes por parte de éstos. No les atendió, no les escuchó, no se cubrieron las vacantes de los trabajadores que iban jubilándose. El señor Saldaña ni apareció por el Consorcio, ni quiso saber nada de él, ni tampoco de sus trabajadores".
Ante la pérdida de personal y al no existir una estructura, ni una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), como es obligatorio por ley en toda Administración, "los trabajadores han realizado trabajos de superior categoría a la suya por necesidades del servicio, trabajos que han desarrollado con diligencia, profesionalidad y responsabilidad". Sin embargo, denuncian que el anterior presidente "no quiso saber nada de estos trabajadores, ni de la obligación legal de pagarles el sueldo de acuerdo al trabajo desempeñado, abocándoles a acudir a la Inspección de Trabajo y a los Juzgados de lo Social, que están haciendo el trabajo que no quiso hacer, por lo que ahora es cuando se están abonando esas diferencias salariales teniendo que hacer frente a años de desatención y dejadez". El Consorcio, afirma, cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y, como Administración pública que es, está sometido a unos rigurosos controles públicos de fiscalización". "Hay que lamentar que el señor Saldaña intente hacerse un hueco político en su partido poniendo el foco sobre un organismo público de carácter eminentemente técnico, que presta un servicio público esencial para los ciudadanos y donde en los órganos de dirección se encuentran representados todos los colores políticos que vienen desarrollando su labor con normalidad y fluidez y trabajando para dar un servicio de calidad al millón de ciudadanos de los municipios consorciados que vienen a representar a casi la mitad de la provincia de Cádiz", ha añadido el CAZG en su comunicado.
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