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El juicio por el 'caso PTA', que juzga las presuntas irregularidades cometidas por el gobierno de la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez, -para la que piden siete años de cárcel- en la concesión de una ayuda municipal de 244.000 euros a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA) para instalarse en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA), quedará esta semana visto para sentencia tras diez sesiones. La vista que acoge la Sección Octava de la Audiencia Provincial se reanudará este martes con la declaración de los últimos testigos, entre ellos la que fuera secretaria de Sánchez en esa etapa, la exgerente del PTA, además de un experto en parques tecnológicos agroindustriales, que irá como perito.

Finalmente, las partes han renunciado a las declaraciones como testigos de los interventores y asesores jurídicos del Ayuntamiento, que estaban citados para el miércoles 28, por lo que la previsión de la sala es que la exposición de las conclusiones definitivas de las partes se realice entre el miércoles y el jueves sin perjuicio de que todas se desarrollen el mismo miércoles y el juicio pueda quedar ese mismo día visto para sentencia. En declaraciones a Europa Press, el abogado de la defensa de Sánchez, Juan Pedro Cosano, considera "extremadamente positivo" el transcurso del juicio, y afirma que el testimonio del técnico municipal J.P., que supuestamente redactó un informe de valoración para la instalación de TISA tras recibir instrucciones de su departamento para que otorgara la puntuación máxima y que nunca firmó "quedó desvirtuado" aún siendo, en su opinión, "el único pilar" del Ministerio Fiscal contra su patrocinada. 

Cosano ha resaltado también que este trabajador del Ayuntamiento, director del Departamento de Medio Rural, llegó a decir durante su comparecencia ante el tribunal en varias ocasiones que "no hubo presiones" por parte de la exalcaldesa y, por lo tanto, "no hay ningún solo indicio de que Sánchez interviniese de forma irregular en los expedientes". El letrado de la defensa de Sánchez ha subrayado además, como ha mantenido en su estrategia a lo largo de las distintas sesiones que, en el caso del proceso para la implantación y resolución de una subvención de la empresa La Ibense Bornay, "se actuó igual que con TISA" y, sin embargo, "no hay ninguna imputación". Junto a Sánchez, para la que las acusaciones ejercidas por la Abogacía del Estado y el Ayuntamiento jerezano y el fiscal piden siete años de cárcel y 16 de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental, también están procesados los exdelegados socialistas de Fomento y Desarrollo Rural, Francisco Lebrero y Carmen Martínez, para los que solicitan cuatro años y medio de prisión. Junto a ellos, se sientan también en el banquillo los tres administradores de TISA, para los que piden también idéntica pena, y el capataz agrícola que hacía funciones de jardinería, mantenimiento de la finca del PTA que firmó el informe final de las ayudas al pedírselo Martínez, para el que solicitan dos años y tres meses de prisión.

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