El Ayuntamiento destinó el pasado febrero 120.000 euros para facilitar mobiliario y enseres en casos de emergencia social pero ninguna empresa ha presentado oferta para la adjudicación. Según los expertos, 3 millones de personas en España dejarán de ser atendidas por los servicios sociales municipales a raíz de la reforma local del Gobierno de Rajoy
Eran ayudas para suministrar enseres y mobiliario básico para familias en situación de necesidad atendidas en los servicios sociales municipales pero por el momento estas personas en situación de emergencia seguirán desatendidas. El concurso público que puso en marcha el Ayuntamiento el pasado 21 de febrero para iniciar el procedimiento negociado con publicidad del 'Suministro de equipamiento básico para familias en situación de necesidad durante el año 2014' ha quedado finalmente desierto. La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, explicó en aquel momento que el objetivo de esta medida “es dar una respuesta más rápida y eficaz ante una situación de emergencia social”. De momento, las familias deberán seguir esperando. El Ayuntamiento libró una partida de 120.000 euros para facilitar mobiliario y enseres en caso de emergencia pero ninguna empresa ha presentado oferta para la adjudicación. El año pasado este suministro fue adjudicado a la empresa Garcomobel (Muebles La Estación), pero el presupuesto de licitación fue menos de la mitad, 45.000 euros, que lo presupuestado para el presente ejercicio.
La situación de miles de familias en Jerez es límite: unas 60.000 están al borde de exclusión social o directamente viviendo bajo el umbral de pobreza. El paro alcanza una tasa del 41%, la más alta del país y la zona euro entre los municipios de gran población. El Ayuntamiento se ve incapaz de atender la altísima demanda de ayuda en los servicios sociales municipales, que ni siquiera pueden reforzarse en este año al no poder disponer de Presupuesto municipal aprobado para el ejercicio en curso. Pero esto no es lo peor ni lo más dramático. La realidad actual es que más de tres millones de personas corren el riesgo de dejar de ser atendidas por los servicios sociales de sus ayuntamientos como consecuencia de la entrada en vigor de la Reforma local llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy, según cálculos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Los servicios más amenazados son los de atención a la dependencia y los de promoción social (que dejan de considerarse competencias propias de los municipios). El actual 'ejecutivo' de García-Pelayo escaparía del tremendo desgaste de afrontar la aplicación de la Ley porque ésta se fija como tope finales de 2015 para su desarrollo y ejecución completa. En todo caso, y por si fuera poco, los servicios que la reforma considera "impropios" de los ayuntamientos y que deberían dejar de ser prestados por las administraciones locales ponen en riesgo el empleo de 60.000 personas.
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