Carolina, como quiere que la llamen para no revelar su identidad, lleva más de cuatro años viviendo en Residencial Dédalo, en la avenida Juan Carlos I de Jerez. A su llegada, compró muebles e incluso cambió el suelo, reformas que fue pagando poco a poco. “Mis niños se llevaron un año durmiendo en el suelo hasta que compramos las camas”, cuenta. Al principio podía pagar el alquiler, de algo más de 400 euros. Pero ahora esa es la cantidad que percibe gracias al Plan Prepara, una prestación para desempleados de larga duración, que se le acaba en dos meses.
La última vez que trabajó fue de camarera, durante dos meses, uno de ellos sin contrato. Hace unos años que recibió ayudas al alquiler de la Junta, una de 2.000 y otra de 3.000 euros, con las que pudo ir abonando las cuotas mensuales. Pero hace tiempo que no puede. “Me iría de okupa a la casa de un banco, pero yo no hago esas cosas”, cuenta.
La Empresa Municipal de Vivienda de Jerez (Emuvijesa) le reclama tres años de alquiler, o lo que es lo mismo, unos 19.000 euros. Que ahora mismo no puede abonar, porque con los 400 euros de ayuda que percibe tiene que mantener a sus tres hijos, de ocho, nueve y 16 años. “No nos han querido solucionar nada”, se queja. Desde Emuvijesa aseguran que le han ofrecido hasta tres alternativas habitacionales, con una renta social, que ha rechazado, y que no se han iniciado acciones judiciales por los impagos que acumula.
Carolina, frente a una de las viviendas vacías de Dédalo. FOTO: MANU GARCÍA.
“Estoy mendigando horas, limpiando casas para llevar aunque sea pollo y arroz a mis hijos”, relata Carolina, quien pregunta: “¿Crees que quiero tener esta deuda y este problema?”, pregunta. La joven denuncia que, desde que está protestando por su situación, “me han paralizado las ayudas y me han dado de baja en Cruz Roja, que me daba leche, aceite o arroz”. Tampoco, dice, la admiten en los planes de empleo, aunque “cumplo de sobra todos los requisitos”.
Carolina pide que se le aplique un alquiler social acorde a sus ingresos. “No me niego a pagar”, insiste. Pero ahora es imposible. De los 434 euros que comenzó pagando de alquiler, le subieron al cuota a 520 euros, “sin avisar”, por los impagos que iba acumulando. “No tenemos dónde ir”, asegura. Por eso lucha para quedarse en la vivienda. El caso ya está en manos del Defensor del Pueblo, al que le ha mandado un escrito a través de un abogado que la ayuda.
La vecina de Residencial Dédalo también critica que han querido engañarla, porque “para ofrecerme otra vivienda me pedían que renunciara a esta, pero si no me gustaba, me quedaba en la calle”. Todo eso intentó contar en el pleno de mayo, cuando irrumpió junto a una vecina durante la sesión, aunque fueron desalojadas por la Policía. El Ayuntamiento, tras los hechos, quiso aclarar que "desde distintas áreas municipales se ha atendido con anterioridad" a estas personas.
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