Los tres grupos de la oposición solicitarán un pleno extraordinario monográfico para revisar la política de Recursos Humanos desde que García-Pelayo accedió a la Alcaldía. En el último año se abonaron casi 3 millones de euros en productividades, por lo que se corrobora que no existió el criterio de ahorro económico que supuestamente motivó el despido masivo en el Consistorio jerezano
Representantes de afectados por el ERE municipal se han reunido esta mañana con los portavoces de los grupos municipales de la oposición (PSOE, Foro Ciudadano e IU), para pedirles que extremen el control sobres las actuaciones en materia de Personal que sigue llevando a cabo el gobierno local del PP, las cuales merman las exiguas arcas municipales y provocan grandes desigualdades en la organización municipal. Por no hablar, han dicho, que estas políticas están siendo gestionadas "al margen de la legalidad".
Este colectivo, que está pendiente de la resolución de su causa por el Tribunal Supremo, considera que está produciéndose una situación de agravio comparativo que ahonda aún más en los criterios “absolutamente arbitrarios, impropios de una administración pública”, argumentados por la jueza Orellana en la sentencia condenatoria del pasado mes de marzo por el TSJA. "No es de recibo que se ejecute un ERE ilegal argumentando una causa económica y que ahora se paguen altísimas productividades y se ejecuten otros gastos totalmente prescindibles", han manifestado.
En este sentido, han ejemplificado, el equipo popular abonó en el pasado mes de noviembre casi 280.000 euros en productividades, de los cuales más de 40.000 los repartió entre el personal del Alcaldía y otros 60.000 entre la Policía Local. A pesar de las reiteradas declaraciones de la alcaldesa respecto de reducir estos conceptos retributivos discrecionales, en el año 2013 se abonaron alrededor de 2,8 millones de euros en productividades.
Un alto cargo de Presidencia cobró más de 25.000 euros el año pasado por este concepto. Lo cual, a juicio de los afectados por el ERE municipal, viene a corroborar que los despidos masivos en el Consistorio no tuvieron una causa económica justificada, ni fue un primer paso para otras actuaciones encaminadas a reducir la plantilla, sino que "se perpetró como una auténtica purga entre los trabajadores. Prueba de ello es que tras el ERE no se ha llevado a cabo ninguna de las actuaciones anunciadas por la alcaldesa para reducir el capítulo de personal".
Desde que se aprobara el ERE del Ayuntamiento, tumbado por el TSJA por haberse realizado con criterios “arbitrarios”, se ha producido una cascada de irregularidades en materia de personal que están siendo enjuiciadas y tumbadas sistemáticamente por la autoridad laboral. Sin embargo, esos reveses judiciales no han modificado ni un ápice la estrategia del PP en su política de personal, que está basada en el "amiguismo y en la compra de silencios cómplices y paz social al precio que sea", según han manifestado. Por todo ello, los grupos de la oposición solicitarán un pleno extraordinario monográfico, a propuesta de la plataforma de afectados por ERE, en el que se revisen las actuaciones del PP en materia de Personal desde que accedió al gobierno en junio de 2011.
Y es que la situación actual puede tensarse más si, como se viene anunciando, se produce un trasvase de personal de las empresas municipales al Ayuntamiento sin que se respeten los cauces legales y vulnerando los principios de capacidad, igualdad y libre concurrencia. Como bien manifestó en su día el delegado municipal de Economía, Enrique Espinosa, en declaraciones a Onda Jerez y a otros medios “estas incorporaciones serían ilegales”. También habría que fiscalizar la firma de acuerdos millonarios para prejubilar o dar salida a directivos y trabajadores de esas mismas empresas, han trasladado desde este colectivo a los diferentes representantes de los grupos de la oposición.
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