Los trabajadores contestan al gobierno local: “Un informe privado que no se encuentra en el expediente administrativo no puede dar soporte legal a una decisión de un Ayuntamiento".
La reacción de los afectados por el ERE, tras anunciar el gobierno local que un nuevo informe externo que desaconseja readmitir a estos trabajadores por la posibilidad de incurrir en “delitos de prevaricación, malversación y nombramiento ilegal”, no se ha hecho esperar. Un comunicado recoge el parecer de un grupo de antiguos empleados municipales, que se preguntan: “¿Qué documentos ha analizado el señor Hortas para realizar su dictamen? Porque seguro que no ha analizado el expediente completo del ERE, ya que el mismo es ilegal sacarlo del Ayuntamiento y utilizarlo de forma privada”.
“Un informe privado —abunda el comunicado— que no se encuentra en el expediente administrativo no puede dar soporte legal a una decisión de un Ayuntamiento y ni mucho menos puede ser usado por secretario o interventor u oposición”. Los afectados señalan que les parece “curioso” que el informe de Manuel Hortas Abogados “tenga mayor validez que la que puedan tener todos los informes que se poseen, incluido el de la Función Pública, que ven el acto de transaccionar como la única y mejor formar de dar solución al problema, así como la única existente”.
Los trabajadores recuerdan que ya presentaron en su día un informe de penales firmado por el letrado Juan Pedro Cosano, que concluía: “En consecuencia, una transacción judicial en ningún caso, repetimos, en ningún caso, puede acarrear consecuencias penales para los intervinientes en ella, so pena de considerarse que el Juez que la ha aprobado ha incurrido en delito de prevaricación judicial”. Por eso aseguran no entender por qué el documento elaborado por Hortas “posee más peso judicial que el del señor Cosano siendo ambos informes privados”.
“El informe —de Hortas— sólo habla de posibilidades, no da afirmaciones contundentes, no es concluyente, es genérico, no es un informe individualizado que es obligatorio al ser expedientes individuales”, recalcan los afectados, que creen que la alcaldesa, “tras las amenazas judiciales del PP, ha buscado el informe que le exima de toda responsabilidad para poder decir no al proceso de reincorporación”. Los afectados, así, instan al gobierno local a que “no se amedrente ante las amenazas vertidas por el partido que hizo esta injusticia y que por tanto cumpla con su palabra y con los acuerdos de pleno siguiendo como base jurídicas todos los informes positivos que se poseen”.
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