Miembros de la cooperativa Los Cedros, que promovió la construcción de una urbanización en La Asunción, culpa a Jerezana de comunidades por haber pagado una plusvalía tras el embargo a un cooperativista.
Algo más de 5.000 euros en concepto de plusvalía pagaron los socios de una cooperativa de viviendas tras la “venta” de una de ellas. “Que no fue venta”, dice uno de los socios liquidadores de Los Cedros, que prefiere no dar su nombre. La cooperativa, que promovió la construcción de una urbanización en La Asunción –397 viviendas–, se queja de haber tenido que pagar este concepto, reclamado por el Ayuntamiento, tras serle embargada la casa a un cooperativista que no pudo seguir haciendo frente a las mensualidades. La vivienda en cuestión, que está en la calle Danubio, es ahora propiedad del BBVA, que la adquirió por apenas 30.000 euros –fuentes expertas aseguran que tiene un valor de 180.000 euros–.
La cooperativa es una figura jurídica que sobre el papel no es más que un grupo de personas unidas para construir su propia vivienda a precio de costo, logrando así eliminar intermediarios y controlando la construcción. Por eso, los miembros de Los Cedros acusan de “administración desleal” a los responsables de Jerezana de comunidades, que gestionaba la cooperativa. Por esos 5.000 euros de plusvalía, a uno de los socios liquidadores de Los Cedros estuvieron a punto de embargarle su vivienda e hicieron lo propio con su cuenta bancaria. “La situación era insostenible”, expone uno de ellos.
“Creemos que es evidente que si nosotros como socios liquidadores hubiéramos sido conscientes del proceso tanto de expropiación por parte de la cooperativa como del BBVA hubiéramos actuado de inmediato, pero no lo fuimos, creíamos realmente que esa vivienda tenía un proceso administrativo y que si no se nos había comunicado nada importante es que todo iba como debía ir”, aseguran miembros de Los Cedros.
¿Qué papel juega aquí Jerezana de Comunidades? Desde Los Cedros creen que actuó como “promotora encubierta”, una labor que correspondía a la cooperativa, y la culpa de vender la vivienda embargada a “una persona insolvente”, lo que ha terminado costando el dinero a los socios liquidadores de la cooperativa, encargados de concluir su actividad. “Es extraña la opacidad con la que Jerezana de comunidades trató el tema del desahucio del cooperativista. ya que los socios liquidadores no fueron informados del proceso”, apuntan desde Los Cedros.
También se quejan, además de no ser informados durante el proceso, de que la vivienda salió a subasta en dos ocasiones y ni se enteraron. “Creíamos que era un tema controlado por la gestora, no éramos conscientes”, apuntan. “Por todo lo expuesto creemos que Jerezana de comunidades actuaba de hecho presuntamente como promotor encubierto, y procura trasladar la culpabilidad de la infracción a otros agentes intervinientes”, dicen miembros de Los Cedros, que creen que la gestora debió limitarse a “gestionar y asesorar”, lo que a su parecer, “queda demostrado que no fue así”. Este medio ha intentado contactar, sin éxito, con responsables de Jerezana de comunidades.
Jerezana de comunidades se declaró en concurso voluntario de acreedores en julio de 2014, tras unos últimos años en los que los despidos y los impagos fueron una costante en la gestora. En la Nochebuena de 2011 fueron cuatro los trabajadores despedidos, argumentando la empresa que se debía a "la caída en las ventas". Esta situación provocó diversas protestas en la sede que tenía en calle Larga.
Aunque a los recortes de plantilla y problemas financieros hubo que sumar los problemas internos que se produjeron en Jerezana de comunidades. La relación entre los dos socios mayoritarios, José Antonio Monreal y Luis Barrera, fue empeorando conforme se torcía la evolución de la empresa, hasta el punto de que Barrera llegó a prohibirle a Monreal la entrada en las oficinas de Larga, e incluso hay diversas demandas y querellas interpuestas entre ambos.
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