El principal cabecilla de la trama desarticulada por la Policía Nacional es Manuel Fernández, presidente del Atlético Sanluqueño y dueño de Sabor Sanlúcar, una empresa que supuestamente iba a implantarse en el PCTA de Jerez.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a once personas en el marco de una investigación sobre malversación de caudales públicos en Cádiz. El principal investigado, el empresario sanluqueño Manuel Fernández, dueño de Sabor Sanlúcar SL y presidente del club de fútbol Atlético Sanluqueño, recibió subvenciones de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía supuestamente para la reindustrialización de la provincia. El dinero concedido fue utilizado para fines diferentes a los otorgados, de hecho fue desviado a un entramado de empresas y sociedades que realizaban facturas falsas para justificar gastos. Según detalla la Policía en una nota de prensa, la investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada en 2014 por un empresario perjudicado por la trama, a quien se le debía una importante cantidad de dinero por los trabajos realizados en la construcción de una nave industrial en el Parque Científico Tecnológico Agroindustrial (PCTA) de Jerez, siendo la promotora una sociedad registrada en Sanlúcar de Barrameda. Los agentes encargados de la investigación centraron las primeras pesquisas sobre el mencionado empresario.
El principal investigado había contactado en el año 2009 con un ingeniero técnico, regente de una sociedad de creación de proyectos técnicos en la ciudad de Sevilla, para la creación de una sociedad con la que pretendía montar una nueva empresa de elaboración de productos del mar. Para la ejecución de este proyecto y la comercialización de los productos solicitaron una ayuda al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, acogiéndose a un programa de reindustrialización subvencionado con fondos procedentes de la Unión Europea. Por todo ello les fue concedida en 2010 una ayuda que ascendía a 2.129.261 euros. Fruto de las gestiones realizadas, los agentes descubrieron que una importante cantidad de la ayuda fue utilizada por la sociedad creada para financiar el proyecto industrial y así dotarlo de suficiente credibilidad para conseguir la ayuda del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
El principal autor de los hechos diseñó toda una trama de facturaciones falsas, con la connivencia de una sociedad de construcción industrial de la ciudad de Sevilla y empresas suministradoras de recursos de las localidades de Sevilla y Madrid. Estas compañías emitían facturas, algunas de ellas por cantidades millonarias, que eran pagadas por la sociedad creada para justificar la inversión ante el Ministerio de Industria. Los investigadores se percataron que en realidad lo que se producía era una recirculación del dinero, puesto que éste iba de la cuenta bancaria de la sociedad subvencionada a las cuentas de las mercantiles implicadas. Posteriormente, estas empresas devolvían el importe, o una parte del mismo, en concepto de “servicios prestados”, a otra cuyo titular era el citado empresario y presidente del Sanluqueño. Las cantidades desviadas tenían como destino final reflotar sus propios negocios de hostelería y otros de su entorno familiar, llegando a poner en marcha una discoteca en Sanlúcar. Además, también adquirió coches de alta gama, siendo inscritos a nombre de su esposa, la cual dirige otro de sus negocios hosteleros.
En el año 2013 la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Provincial de Cádiz, concedió una nueva subvención a la empresa dedicada a la comercialización de productos típicos del mar, Sabor Sanlúcar, en la que continúa como administrador único el principal investigado. La subvención otorgada fue de 463.118 euros y, continuando con el mismo modus operandi que en la subvención anterior procedente de los fondos europeos, los autores prosiguieron presentando facturas falsas para justificar el empleo del dinero obtenido. Así pues, de los 2.591.379 euros concedidos por los organismos públicos para la creación de una nueva industria y nuevos puestos de trabajo en el marco de la Bahía de Cádiz, lo único que ha resultado es la construcción de una nave, cuya ejecución se encuentra a medias y con varias deudas generadas con las empresas subcontratadas para la construcción de la misma, que, a pesar de todo el dinero que se libró, no han visto aun satisfechas sus facturas.
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