Un grupo de 24 opositores al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha reclamado al Ministerio del Interior que tenga "humanidad" y mantenga la posibilidad, aprobada hace unos meses, de realizar en Huelva el examen de la próxima convocatoria, previsto para el 25 de octubre.

Según ha explicado a EFE Esther Cruz, una de las afectadas, todos ellos regresaban de Madrid tras presentarse a los exámenes a bordo del Alvia siniestrado. Ahora han decidido volver a participar en la nueva convocatoria y consideran que poder hacer la prueba en Huelva evitaría tener que desplazarse de nuevo hasta Madrid.

Tras el accidente, y dadas las circunstancias excepcionales que vivieron, la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz y la Subdelegación del Gobierno en Huelva realizaron gestiones para que los afectados pudieran examinarse en la provincia. Según Cruz, desde Interior se les comunicó que podrían hacerlo allí, una decisión que supuso "un enorme alivio" para muchos de ellos.

"Después de todo lo vivido y de las consecuencias físicas y psicológicas que el accidente ha tenido para algunos afectados, contar con la posibilidad de realizar el examen en Huelva significaba poder afrontar una prueba tan importante en unas condiciones algo más asumibles", ha señalado.

Las impugnaciones

Sin embargo, varias impugnaciones presentadas por otros opositores provocaron que el Ministerio cambiara de decisión y comunicara finalmente a los afectados que tendrían que volver a Madrid para realizar la prueba. Consideran que la medida supone "un perjuicio especialmente grave" y cuestionan que se dé marcha atrás cuando ya se les había informado de que podrían examinarse en Huelva, a menos de dos meses del examen.

"No estamos pidiendo un trato de favor ni una ventaja frente al resto de opositores. Estamos pidiendo que se tenga en consideración una situación absolutamente excepcional provocada por un accidente que no elegimos sufrir y cuyas consecuencias seguimos afrontando", ha apuntado Cruz. Los afectados reclaman que Interior reconsidere su decisión y tenga en cuenta a quienes estuvieron en aquel tren y siguen "sufriendo las consecuencias de lo ocurrido".