Una vecina de un municipio de la provincia de Granada ha recurrido al Defensor del Pueblo Andaluz para intentar poner fin a las molestias que, según denuncia, provocan los ladridos nocturnos de un perro desde septiembre de 2025. La mujer asegura que el ruido afecta al descanso de toda su familia, incluido un bebé de siete meses, y que la situación se prolonga sin una solución efectiva pese a las gestiones realizadas ante la Administración local.

La afectada ha explicado que presentó varias instancias ante el Ayuntamiento y contactó en numerosas ocasiones con la Policía Local para alertar del problema. Según recoge su reclamación, los agentes llegaron a comprobar las molestias y elaboraron un informe en el que también constaba, de acuerdo con la denunciante, un incumplimiento de la ordenanza municipal. Ante la falta de una respuesta que pusiera fin al conflicto, decidió trasladar el caso a la institución autonómica.

El Ayuntamiento dio un paso en abril de 2026, cuando la Junta de Gobierno Local acordó iniciar un expediente sancionador contra la propietaria del animal y le concedió un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones. Sin embargo, la vecina sostiene que, una vez transcurrido ese periodo, el procedimiento permaneció durante meses sin una resolución. También afirma que acudió personalmente al Consistorio para interesarse por su estado y trasladar su preocupación por unas molestias que, según su versión, continuaban produciéndose.

Tras recibir la queja, el Defensor del Pueblo Andaluz solicitó información al Ayuntamiento sobre las actuaciones llevadas a cabo. La Administración municipal remitió a la institución el acuerdo por el que se había iniciado el expediente sancionador, una respuesta que llevó a la Defensoría a dar por finalizada su intervención al considerar que el Consistorio había atendido la denuncia mediante la apertura del procedimiento correspondiente. No obstante, este cierre no significa que los ladridos hayan cesado ni que el expediente haya concluido con una sanción definitiva.

Afecta a su vida

La reclamación señala las dificultades que pueden surgir cuando un problema de convivencia vecinal se prolonga y la persona afectada considera insuficiente la respuesta administrativa. En este caso, la denunciante sostiene que las interrupciones del sueño repercuten directamente en la vida cotidiana de su familia, mientras espera una solución por parte del Ayuntamiento. La apertura del expediente constituye una actuación administrativa, pero no acredita por sí sola que la situación haya quedado resuelta.

Por el momento, la investigación municipal y la evolución del expediente sancionador son claves para conocer cómo termina el conflicto. La queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz ha quedado cerrada después de que el Ayuntamiento informara de sus actuaciones, aunque la cuestión de fondo sigue siendo si las medidas adoptadas conseguirán poner fin a las molestias denunciadas. La vecina, según el escrito presentado, lleva reclamando una solución desde septiembre de 2025.