Agentes de la Policía Nacional con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social han realizado una operación en el Altiplano Granadino contra la explotación laboral en la que han sido detenidos un empresario agrícola, el encargado principal de la finca y un segundo encargado de origen argentino por presuntamente contratar durante seis años a extranjeros sin autorización de residencia ni trabajo que realizaban jornadas laborales de 12 horas.
La investigación se inició el pasado mes de septiembre tras recibirse una denuncia de un ciudadano extranjero que llevaba trabajando de modo continuado desde 2018 hasta 2023 junto a otros extranjeros, en su mayoría de origen magrebí y subsahariano, para un empresario agrícola español durante las campañas de recolección de hortalizas comprendidas entre los meses de abril y diciembre.
Este empresario tendría constancia de la situación administrativa de todos ellos hasta el punto de que les entregaba una anotación en papel con los datos de otros extranjeros que sí disponían de residencia legal, y que en algún momento habían trabajado para él, con el objeto de que se identificaran ante una eventual actuación policial o de la Inspección de Trabajo.
Las primeras gestiones realizadas por los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada, permitieron localizar la explotación cercada que se encontraba ubicada en una localidad de la comarca del Altiplano Granadino, conformada por diversos invernaderos de gran tamaño en los que se cultivan hortalizas.
Allí se se constató que trabajaban como jornaleros en torno a 70 personas, en su práctica totalidad extranjeros de distintos orígenes, lituanos, rumanos, iberoamericanos, marroquíes, senegaleses y algún español, quienes realizaban jornadas de 12 horas aproximadamente.
Según la información obtenida, los empleados podrían encontrarse trabajando de manera ilegal por encontrarse también en situación irregular en el territorio español, sin estar registrados ni dados de alta en la Seguridad Social, sin la oportuna autorización de residencia y trabajo y por tanto desamparados, vulnerando sus derechos más esenciales como trabajadores.
Posteriormente, se llevó a cabo una actuación conjunta de la Policía Nacional con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, quedando patente la complicidad con el empresario y con los hechos investigados de dos encargados. Tanto del encargado principal de la explotación, un español natural de la misma localidad donde radica la finca objeto de actuación, como de otro trabajador, responsable de la maquinaria, de nacionalidad Argentina y en situación irregular, dado que este último impidió el acceso a los funcionarios públicos y huyó de la finca junto con 12 extranjeros más que se encontraban trabajando en uno de los invernaderos.
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