La Sección Primera de la Audiencia de Granada celebra este miércoles el juicio contra un hombre acusado de cobrar durante 22 años la pensión de viudedad de su madre después de su fallecimiento, con un perjuicio para la Seguridad Social que habría superado los 200.000 euros. La Fiscalía solicita para él cinco años de prisión por un delito continuado de fraude de prestaciones a la Seguridad Social.

Además de la pena de cárcel, el Ministerio Fiscal reclama una multa de 350.000 euros y una indemnización de 168.927 euros a la Seguridad Social, según consta en su escrito de acusación provisional. El acusado, que actualmente tendría unos 60 años, se enfrenta también a otras consecuencias económicas y administrativas en caso de ser condenado.

Según el relato de la Fiscalía, la madre era beneficiaria de una pensión de viudedad que recibía mensualmente en su cuenta bancaria y falleció en marzo de 1996. Su hijo no habría comunicado entonces el fallecimiento a la Tesorería General de la Seguridad Social y presuntamente trasladó el abono de la prestación a una cuenta de la que era cotitular junto a su progenitora.

El cobro habría continuado hasta diciembre de 2018

De acuerdo con la acusación, el hombre se "apoderó" presuntamente de las mensualidades de la pensión desde el fallecimiento de su madre en 1996 hasta diciembre de 2018, un periodo de 22 años. La cantidad percibida durante ese tiempo habría provocado un perjuicio a la Seguridad Social cifrado en 210.210 euros.

La Fiscalía también señala la actuación de la entidad bancaria y sostiene que el banco tampoco comunicó a la Seguridad Social el fallecimiento de la mujer "al no haber realizado los controles de vivencia oportunos". La entidad habría abonado posteriormente a la Seguridad Social la pensión correspondiente a los cuatro últimos años, por un importe de 41.282 euros.

El Ministerio Fiscal reclama que el banco sea considerado responsable civil subsidiario respecto de la indemnización que tendría que afrontar el acusado a la Seguridad Social en caso de una condena. También solicita que el hombre pierda durante siete años la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios fiscales. La decisión corresponderá a la Audiencia Provincial de Granada tras la celebración del juicio.