Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta que está siendo investigado canónicamente por abusos a un niño en los años noventa cuando dirigía el seminario de Getafe (Madrid), ha sido mantenido en el cargo durante cuatro meses a pesar del conocimiento que tenía el Vaticano y la Iglesia española sobre este presunto caso de pederastia.
Según detalla El País, tanto el Vaticano como la Iglesia española tuvieron conocimiento hace cuatro meses de la denuncia, pero no ha tomado ninguna decisión sobre el prelado, que ha seguido como obispo y ha continuado en contacto con menores. Zornoza negaba el lunes las acusaciones en contra y decidió suspender temporalmente su agenda para “el esclarecimiento de los hechos”.
Ausencia de medidas cautelares
Hasta el momento, no se han adoptado medidas cautelares mientras avanza la investigación. El artículo 1722 del Código de Derecho Canónico establece que estas medidas tienen como objetivo “evitar escándalos, defender la libertad de los testigos y garantizar el curso de la justicia”. Sin embargo, ni el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ni el Dicasterio de los Obispos han dispuesto el apartamiento del obispo.
Zornoza, que cuenta con 76 años, ya había presentado su renuncia al Papa al cumplir los 75, tal como se establece para todos los obispos. No obstante, la práctica habitual contempla un período de prórroga de hasta dos años para valorar el relevo, por lo que aún permanece al frente de su diócesis. El hecho de que no se hayan aplicado medidas cautelares ha generado preocupación en algunos ámbitos eclesiales y civiles, dada la posibilidad de que el obispo mantuviera relación pastoral con menores en este tiempo.
La denuncia fue remitida al Dicasterio para la Doctrina de la Fe por la presunta víctima, que relató los hechos ocurridos durante la etapa en la que Zornoza dirigía el seminario. La documentación del caso fue trasladada al responsable designado para la investigación, el arzobispo de Sevilla, quien a su vez lo remitió al Tribunal de la Rota para su evaluación.
La investigación se mantiene abierta y, por el momento, se está a la espera de resoluciones que puedan implicar medidas cautelares. La situación continúa en desarrollo y se observa con atención debido a la relevancia institucional del cargo y a la sensibilidad social que rodea a las denuncias de abusos a menores.
