La empresa Valoriza Servicios Medioambientales, concesionaria del servicio de limpieza pública en Cádiz, ha desmentido tajantemente que esté desviando recursos humanos o materiales de la capital gaditana para prestar servicios en otros municipios, como ha denunciado la sección sindical de CSIF. En declaraciones a este periódico, fuentes de la empresa aseguran que "en ningún momento se han utilizado medios pagados por el Ayuntamiento de Cádiz para realizar tareas fuera del término municipal", lo que supondría una vulneración del pliego de condiciones del contrato.
El sindicato ha denunciado públicamente que un operario de la plantilla habría sido forzado durante al menos diez meses a desempeñar funciones en otros municipios, lo cual estaría expresamente prohibido en el contrato suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa. Además, CSIF sostiene que este hecho podría ser motivo de rescisión del contrato, como ya habría ocurrido con Valoriza en otras localidades.
La empresa, sin embargo, lo niega rotundamente. Asegura que el vehículo al que hace referencia la denuncia sindical, una furgoneta, "nunca ha estado adscrito al servicio de Cádiz" y que pertenece a la compañía en régimen de renting, por lo que "no ha sido financiado con fondos públicos municipales". En cuanto al uso de personal, insisten en que "en ningún momento se ha visto mermado el servicio en la ciudad" ni se ha destinado personal contratado con cargo al contrato municipal a otras localidades.
CSIF carga contra la gestión de Valoriza
CSIF, por su parte, vuelve a cargar contra la gestión de Valoriza, denunciando "la falta de fiscalización" del servicio por parte del Ayuntamiento. Según el sindicato, en los dos años que lleva vigente el contrato con la concesionaria, se habrían dejado de prestar alrededor de 3.000 jornadas laborales que, sin embargo, sí se han facturado al Consistorio. Asimismo, critican el retraso en la renovación de la flota de vehículos, algunos de los cuales —afirman— superan los 25 años de antigüedad.
Otra de las denuncias reiteradas por el sindicato se refiere al "uso de instalaciones del servicio en Cádiz para reparar vehículos de otros municipios", una situación que aseguran que ya fue comunicada al área municipal de Medio Ambiente en noviembre de 2023. Según CSIF, el propio Ayuntamiento reconoció entonces la presencia de vehículos ajenos en los garajes de la Zona Franca.
Finalmente, el sindicato ha vuelto a mostrar su rechazo a la "política del miedo" que, según afirman, impera en la empresa, que habría abierto más de un centenar de expedientes sancionadores al personal en poco más de dos años.
