El problema de la vivienda sigue siendo uno de los más graves en la capital gaditana. Ya no sólo se debe a los precios de los alquileres que no paran de subir, algo que imposibilita a muchos jóvenes poder acceder a su primera vivienda, sino también a la falta de espacio donde construir, el número de casas vacías o el estado de conservación de los edificios antiguos. Como medida, la Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), rehabilitará fincas privadas del casco antiguo de Cádiz, que estén habitadas, y a cambio recibirá viviendas en los edificios en los que se actúe.
De esta forma, los propietarios que posean fincas en la ciudad que requieran algún tipo de intervención podrán presentar sus ofertas a la administración pública. El precio máximo de inversión en obra, cuya contrapartida serán las viviendas que pasarán a formar parte del parque público autonómico, se ha fijado en 680.000 euros. Federico Fernández, delegado de Fomento y Vivienda de la Junta, ha señalado que "el Gobierno andaluz quiere seguir contribuyendo a solucionar el problema de la infravivienda existente en el casco antiguo de Cádiz".
Actualmente existen más de 7.000 demandantes de viviendas en la ciudad. Desde Procasa se gestionan ahora mismo unas 2.000, contando las casas de la Junta.
Actualmente existen más de 7.000 demandantes de viviendas en la ciudad. Desde Procasa se gestionan ahora mismo unas 2.000, contando las casas de la Junta. A esta descompensación se suma el elevado número de viviendas deshabitadas, que asciende a unas 2.400, las 4.900 que se usan de forma esporádica (posiblemente residencias vacacionales) y las 1.500 que poseen los bancos o empresas inmobiliarias. Con la nueva fórmula, la Consejería de Fomento y Vivienda quiere retomar la intervención rehabilitadora en edificios que son de titularidad privada, circunstancia por la cual la Junta no puede intervenir de otra manera que no sea mediante el acuerdo con la propiedad.
"De esta manera, la Agencia de la Vivienda asumirá las obras y realizará después una permuta de los trabajos realizados por viviendas que pasarán a formar parte del parque público autonómico en alquiler", ha explicado el delegado. Asimismo, Fernández ha destacado "el esfuerzo que está realizando la Administración autonómica en la búsqueda de fórmulas novedosas y alternativas a las ya existentes para poder dar respuesta a la falta de viviendas y a la limitación de suelo para uso residencial en Cádiz capital". Se trata de "una propuesta interesante para muchos propietarios, que podrán recuperar sus fincas, ponerlas a punto y mantener parte del patrimonio original, sin que para ello sea imprescindible que tenga liquidez".
ConvocatoriaPara poder someterse a una rehabilitación integral que mejore la funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las infraviviendas, las fincas deben presentar graves deficiencias relativas al estado de conservación de los elementos de cimentación y estructura, cubiertas, azoteas, fachadas, medianeras y elementos en contacto con el terreno, así como en las instalaciones de saneamiento, abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones, en relación a su dotación o adaptación a la normativa vigente.
También podrán acogerse a la convocatoria, publicada este jueves en BOJA, aquellos inmuebles que precisen una mejora de la disposición y dimensiones de espacios interiores, así como la dotación de los mismos, incluyéndose actuaciones que beneficien sus condiciones de ventilación e iluminación natural cuando sean necesarias para garantizar la funcionalidad básica de la vivienda resultante.
Quedan excluidos de esta convocatoria aquellos edificios que necesiten una mayor inversión para su rehabilitación, así como las propuestas de rehabilitación de solo una parte del inmueble y los locales comerciales. Los interesados podrán presentar una oferta por edificio completo, que deberá ser un inmueble plurifamiliar total o parcialmente ocupado por al menos un inquilino que destine la vivienda a domicilio habitual y permanente de su unidad familiar y cuyo contrato de arrendamiento sea anterior a la ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. El plazo de presentación de ofertas concluirá el 31 de julio y su apertura se ha fijado para el 4 de septiembre de 2018, en acto público. |
Comentarios