El acceso a la vivienda sigue siendo un quebradero de cabeza en Cádiz. El número de demandantes de vivienda pública en la capital aumenta. Según datos de la empresa municipal Procasa, hay 6.419 personas solicitantes de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Es el caso de Lorena y Rosa, que viven en un trastero y en el albergue mientras están a la espera de una solución.
El Ayuntamiento de Cádiz es consciente del elevado número de casos como estos, por lo que, lleva a cabo proyectos para poder cubrir estas necesidades. Su último proyecto en materia de vivienda social se encuentra en plena ejecución. Desde marzo de este año, está en marcha una promoción de 53 viviendas protegidas de alquiler social que se están construyendo en la Avenida de Marconi, antiguos Depósitos de Tabacalera.
De estas 53 viviendas, cuyo plazo de ejecución es de 18 meses, un total de 27 son de tres dormitorios y 26 de dos dormitorios. Se trata de un edificio de nueve plantas con planta sótano para garajes, planta baja para locales comerciales, planta primera para oficinas y de la segunda a la octava planta será para viviendas.
En concreto, esta promoción cuenta con cupos especiales para distintos colectivos. Por un lado, se contemplan 5 viviendas reservadas para personas con discapacidad adaptadas para movilidad reducida, 4 viviendas reservadas a personas con discapacidad no estando destinadas específicamente a personas con movilidad reducida; 20 viviendas reservadas a menores de 35 años, otras 20 a mayores de 65 y 4 viviendas de cupo general.
Esta promoción es la primera de las 106 comprometidas por el equipo de gobierno y para las que ya está garantizada la financiación por valor de más de 9 millones de euros. Un ambicioso plan de vivienda social que también contempla 19 en García de Sola, 22; y un total de 9 en San Juan Bautista 2 y 17.
¿Qué se tiene en cuenta para asignar estas viviendas?
El Ayuntamiento de Cádiz ha compartido con lavozdelsur.es la Ordenanza Reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Cádiz, publicada el 1 de junio de 2023 y en vigor desde el día siguiente.
La ordenanza regula el sistema de inscripción y adjudicación de viviendas protegidas en Cádiz, diferenciando entre régimen de compraventa, opción a compra y alquiler. El objetivo es garantizar un procedimiento justo y transparente para quienes demandan una vivienda protegida.
En el régimen de compraventa y alquiler con opción a compra, el criterio principal de selección es la antigüedad en la inscripción en el Registro. Es decir, las personas que se hayan inscrito antes tienen prioridad si cumplen los requisitos del plan de vivienda correspondiente.
Una vez solicitada la inscripción, el Registro analiza la situación personal, familiar y económica del demandante. En función de los ingresos (medidos en IPREM), se clasifican dentro de los programas de vivienda que se ajustan a su perfil económico.
Aunque una persona pueda solicitar distintos regímenes de vivienda simultáneamente, solo se le incluirá en aquellos programas que correspondan con los límites de ingresos establecidos por la normativa vigente.
La adjudicación final de viviendas en venta u opción a compra se realiza según el orden cronológico de inscripción de entre quienes cumplen los requisitos. Si una persona es seleccionada, deberá acreditar toda la información hasta la firma del contrato.
El baremo para el alquiler
Para el régimen de alquiler, la selección se realiza mediante un baremo de puntuación, que valora diferentes criterios sociales y económicos. En caso de empate en puntuación, se aplica como criterio de desempate la antigüedad en el Registro.
El baremo otorga puntos por el empadronamiento o vinculación laboral con Cádiz, así como por la antigüedad en el Registro. Cuanto más tiempo se lleve inscrito o vinculado a la ciudad, mayor será la puntuación.
Se valoran también las necesidades habitacionales, como vivir en infraviviendas, en condiciones de hacinamiento, en alquileres excesivos respecto a los ingresos, o haber perdido la vivienda por ruptura familiar, entre otros.
Otro criterio clave son los grupos de especial protección, como jóvenes, mayores, personas con discapacidad o dependencia, víctimas de violencia de género, familias monoparentales, personas sin hogar, en riesgo de exclusión social o desahuciadas, entre otros.
Finalmente, se evalúan los ingresos familiares, otorgándose mayor puntuación a quienes tienen ingresos más bajos. Por ejemplo, quienes estén por debajo de 2 veces el IPREM reciben la puntuación máxima en este apartado.
