El anuncio realizado por Germán Beardo sobre el futuro del servicio de Ayuda a Domicilio en El Puerto ha reactivado el debate en la capital gaditana. El regidor ha comunicado que, tras la finalización del contrato con la actual adjudicataria, Óbolo, la empresa municipal asumirá la gestión directa del servicio, un movimiento que ha tenido repercusión política en Cádiz.
A raíz de esta decisión, el grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana ha vuelto a reclamar al alcalde de Cádiz, Bruno García, que impulse la municipalización del servicio en la ciudad. La formación considera que el paso dado en el municipio vecino marca un precedente que debería trasladarse también a la capital.
El portavoz de la confluencia de izquierdas, David de la Cruz, ha criticado la postura del regidor gaditano. Según ha señalado, no resulta comprensible que otros ayuntamientos, incluidos algunos gobernados por el Partido Popular, opten por recuperar la gestión directa de este servicio mientras Cádiz mantiene el modelo actual.
En este sentido, De la Cruz ha calificado de "inadmisible" que se antepongan, a su juicio, los intereses empresariales a los derechos de las trabajadoras y al bienestar de las personas usuarias. Desde su formación insisten en que la gestión pública permitiría mejorar las condiciones laborales y la calidad del servicio.
Adelante Izquierda Gaditana ha subrayado además que la empresa Óbolo dejará de prestar el servicio en El Puerto, pese a ser actualmente la adjudicataria en la capital gaditana. La formación recuerda que la compañía acumula, según denuncia, diversos incumplimientos contractuales tanto en Cádiz como en otras localidades.
En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torres, quien ha instado al alcalde a tomar nota de la decisión adoptada en El Puerto. Para Torres, el cambio anunciado resulta especialmente relevante al poner fin a la concesión a la misma empresa que opera en Cádiz.
El edil socialista ha asegurado que la gestión de Óbolo es "insostenible", al tiempo que ha considerado incomprensible que, pese a las quejas compartidas por trabajadoras y usuarios, el Ayuntamiento de Cádiz no haya optado por una solución similar a la del municipio vecino, incluso cuando esta ha sido impulsada por un alcalde del mismo partido.
La versión del Ayuntamiento de Cádiz
Frente a estas críticas, fuentes del Ayuntamiento de Cádiz han defendido que no se ha planteado la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria. Según explican, las incidencias detectadas han sido objeto de requerimientos que la empresa ha ido subsanando dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente.
El Consistorio recuerda que la rescisión de un contrato no responde a una decisión política, sino a un procedimiento regulado que debe ser impulsado por los técnicos municipales en caso de que se den las condiciones. Asimismo, señalan que el contrato actual contempla una duración de tres años más uno de prórroga, y que las incidencias detectadas, como un problema puntual en el pago de nóminas que afectó a una parte reducida de la plantilla, han sido corregidas.
No obstante, trabajadoras del servicio denuncian errores salariales recurrentes en sus nóminas, mientras la empresa reconoce incidencias aunque las sitúa en torno al 0,8% de la masa salarial.