Cuando se va acercando el final de cada mes, las trabajadoras de ayuda a domicilio de Cádiz, que conforman una plantilla de en torno a 400 empleadas, se echan a temblar. Porque todas piensan en que les faltará por cobrar alguna cantidad. La nómina refleja un importe, el ingreso en cuenta recoge otro.
"Siempre falta dinero", se queja Eva Méndez, delegada sindical en Óbolo, la empresa que gestiona el servicio en la capital gaditana desde el verano pasado. Su entrada fue sonada, porque la primera nómina que percibieron las empleadas fue de 15 o 20 céntimos, algo que entonces la empresa atribuyó a un error informático. Pero los "errores" en los pagos se vienen repitiendo desde entonces.
"No hay un mes que no estemos con la ansiedad por saber a quién le va a faltar dinero. Que me digan en mi cara que es mentira", afirma Eva Méndez, una delegada sindical que no se muerde la lengua al reivindicar que los pagos sean completos, porque la situación es rocambolesca.
Cada mes se tienen que interponer cientos de reclamaciones para solicitar 40, 50, 60 euros (inserte aquí la cantidad correspondiente, según el caso), y percibirlas unos días después del cobro de la nómina, casi siempre incompleta.
Méndez detalla que las reclamaciones se repiten sin parar: "Esta semana pasada tuve entre decenas de reclamaciones de gente a la que le faltan entre 40 y 80 euros". Las trabajadoras cobran, pero la nómina nunca cuadra con lo ingresado en cuenta. "A lo mejor pone 1.100 y paga 938 euros", explica.
La delegada sindical sostiene que prácticamente las 400 empleadas del servicio de ayuda a domicilio acumulan errores salariales continuos desde agosto.
La situación no afecta solo a Cádiz. Méndez advierte de que en El Puerto de Santa María, donde la empresa Óbolo gestiona también el servicio desde mayo de 2024, "las compañeras amargadas", porque hay casos de hasta 6.000 euros pendientes de cobro.
Cuánto cobra una trabajadora de ayuda a domicilio
Una trabajadora a jornada completa sin antigüedad cobra unos 1.100 euros, y con 12 años de antigüedad —el máximo— llega a 1.320 euros. La mejora del convenio supuso la subida de un euro al día.
El problema se agrava entre el personal eventual, que en muchos casos desconoce la existencia del comité de empresa. "Si no reclaman, lo pierden", alerta la delegada, que recuerda que aún hay reclamaciones pendientes de agosto, septiembre y octubre. Las liquidaciones de las trabajadoras que finalizan su contrato tampoco se saldan correctamente: "Se van de la empresa y no las liquidan", se queja Méndez.
Este panorama, unido a los problemas de cobro, está provocando que trabajadoras indefinidas abandonen la empresa para incorporarse a servicios municipales de otros municipios. "¿Quién va a querer entrar a trabajar en Cádiz?", se pregunta la delegada.
Óbolo niega que sea un problema estructural
La empresa Óbolo responde a las acusaciones de sindicatos como Autonomía Obrera, que señalaba que la empresa está "enriqueciéndose a costa de las trabajadoras”.
La compañía, aunque reconoce incidencias puntuales de carácter administrativo, precisa que "las diferencias detectadas representan aproximadamente un 0,8% del total de la masa salarial".
Óbolo asegura que "todas las incidencias han sido analizadas, recalculadas y abonadas de manera inmediata". Óbolo señala que en enero se abonaron atrasos de antigüedad no reconocidos por la anterior adjudicataria, y que en febrero se regularizaron ajustes técnicos equivalentes al 0,6% del total salarial mensual.
Así, la empresa acusa directamente a Autonomía Obrera de "difundir informaciones que no han sido contrastadas con la empresa" y de actuar con el objetivo de lograr la municipalización del servicio, llegando a advertir que las acusaciones "atentan contra los derechos fundamentales al honor y la buena imagen". La empresa reafirma su "disposición permanente a colaborar con los medios de comunicación" y su compromiso con las trabajadoras y los usuarios del servicio.
Por su parte, el Ayuntamiento de Cádiz envió el pasado 20 de marzo un requerimiento a Óbolo solicitando información sobre las incidencias denunciadas por el comité de empresa. La empresa tiene hasta el 31 de marzo para responder.
Ante esto, la delegada sindical Eva Méndez no oculta su escepticismo: "El alcalde dice que tiene diez días para contestar. ¿Necesita diez días cuando sabe lo que está haciendo la empresa desde verano?", se pregunta.