La Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (Aecca) demandará al delegado de Urbanismo de Cádiz por un presunto delito de prevaricación al entender que desde el Ayuntamiento se están dictando resoluciones injustas, como incoar expedientes sancionadores mientras se dan autorizaciones de ocupación con mayor superficie de la permitida en el PGOU. Los 200 trabajadores afectados ya preparan, junto con los empresarios, una concentración en repulsa por la actitud del Consistorio gaditano.
Los empresarios van a interponer una denuncia vía penal por un presunto delito de prevaricación al entender que desde la citada delegación se están dictando resoluciones injustas como es la incoación de expedientes sancionadores a algunos establecimientos en la arena y de restablecimiento de la legalidad urbanística. Se da la circunstancia, por otro lado, que el propio Consistorio ha autorizado ocupaciones en las playas muy superiores a los 150 metros cuadrados y, por tanto, contraviniendo el PGOU, con instalaciones de altura y ocupaciones superiores a las permitidas en el documento, e incluso equipamientos expendedores de bebidas prohibidas en instalaciones deportivas.
Además, se ha constatado a través de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (en información solicitada por los empresarios), que el Ayuntamiento ha infringido el PGOU en multitud de ocasiones solicitando modificaciones sustanciales y autorizaciones para ocupaciones superiores, con informes técnicos esgrimiendo criterios distintos a los utilizados para los chiringuitos, permitiéndolas y justificándolas de forma contraria a ley o buscando subterfugios para eximir al Consistorio de cumplir sus propias obligaciones con respecto a la legislación urbanística de la ciudad.
Por otra parte, en cuanto al acuerdo de desistimiento por parte del Ayuntamiento de los procedimientos de transmisión de los títulos concesionales, se plantea interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo por vulneración de los principios de buena fe, confianza legítima, de seguridad jurídica, entre otras vulneraciones de derechos. Así como la prohibición de la Administración de actuar contra sus propios actos y con manifiesta desviación de poder.
El Ayuntamiento asumió, en su día, la transmisión ante la resolución de la administración competente. De hecho, no presentó alegaciones ni recursos a la citada resolución remitida por la Junta de Andalucía, existiendo notas oficiales y numerosas declaraciones públicas del alcalde, así como otros delegados municipales, sobre la confirmación por parte del equipo de Gobierno de aceptación y apropiación del logro sobre, la gestión del proceso de transmisión de la concesiones que garantizaban la permanencia y margen de maniobra a los titulares para la mejora de las instalaciones, la consolidación de las plantillas, etc.
Comentarios