Las puertas del Ayuntamiento de Cádiz volvieron a convertirse en un punto de reivindicación. Decenas de operarias del servicio de limpieza de los centros y dependencias municipales se concentraron a las puertas del consistorio para alzar la voz contra lo que consideran una amenaza inminente a su estabilidad y a los derechos conquistados tras décadas en sus puestos. El motivo de preocupación es la última propuesta de la Mesa de Contratación: una sustancial rebaja económica en la oferta mejor posicionada para asumir el próximo contrato bienal.

El temor es el resultado de una aritmética que, según las representantes del personal, resulta insostenible. La oferta que ha obtenido la mayor puntuación técnica pertenece a una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Team Service Facility S.L. y Diverintegra S.A. Su propuesta introduce un recorte cercano al 17,5% respecto al presupuesto base de licitación, lo que se traduce en aproximadamente 1,6 millones de euros menos en comparación con el contrato anterior. Para una plantilla curtida en batallas sindicales, la conclusión es clara: la oferta "a la baja" imposibilita el cumplimiento real del pliego de condiciones.

"Es imposible que puedan llegar con una oferta tan a la baja. Se han conseguido unas mejoras estos años, firmadas ante el Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía), que esta empresa no va a poder asumir de ningún modo", asegura Mari Montesinos, presidenta del comité de empresa.

Para comprender la contundencia de las protestas actuales es necesario mirar al retrovisor. La plantilla de limpieza de los edificios municipales de Cádiz arrastra una memoria colectiva marcada por los vaivenes financieros de las empresas concesionarias. El episodio más negro se remonta al año 2019, cuando la quiebra de la entonces adjudicataria, Expertus, dejó a las empleadas sin percibir la mensualidad de diciembre ni las pagas extraordinarias correspondientes.

"No vamos a consentir otra vez que nos pase lo mismo", advierte Mari Montesinos al rememorar aquella crisis. La plantilla actual está compuesta de forma mayoritaria por mujeres que superan los 50 años de edad, muchas de ellas con trayectorias de entre 30 y 40 años de servicio a la administración local. "Casi todas somos de cincuenta para arriba. Que te veas en la calle o sin cobrar a esta edad es algo durísimo que la gente no se puede ni imaginar", lamenta la portavoz, visibilizando el factor humano detrás de las cifras macroeconómicas.

Aunque el actual pliego de condiciones recoge avances históricos —como la reducción de la jornada laboral de las 38 a las 35 horas semanales de forma progresiva, o rebajas horarias para las empleadas mayores de 60 años logradas bajo la anterior concesión de Limasa—, las trabajadoras saben que la realidad sobre el terreno es más inflexible. Sostienen que el cumplimiento formal de la Ley de Contratos del Sector Público por parte de los licitadores no garantiza que el servicio se preste respetando la dignidad laboral una vez adjudicado.

Uno de los puntos más sensibles de la actual disputa radica en el futuro de las trabajadoras con contratos eventuales o de sustitución. A lo largo de los últimos años, el comité de empresa logró arrancar mejoras salariales específicas, como un plus de 200 euros mensuales y un incremento del 3% vinculado al acuerdo con el Cecda, que recientemente se había conseguido hacer extensivo también a las empleadas no fijas.

El temor a una reducción de personal

Existe la sospecha en el seno del comité de que la nueva UTE busque reducir costes de personal sustituyendo a este personal eventual por otras fórmulas de contratación de menor coste fiscal o salarial, bajo la cobertura de programas de inserción o minusvalías desvirtuados de su fin social. "Esas chavalas llevan ya tres, cuatro o cinco años con nosotras. No están fijas, pero no paran de trabajar cubriendo bajas y vacaciones. Son madres de familia y dejarlas en la calle para abaratar costes es algo que no queremos consentir", denuncia Montesinos.

"A nosotros nos da exactamente igual qué empresa entre a gestionar el servicio, porque los trabajadores pasamos de una empresa a otra. Lo único que exigimos con firmeza es que se nos garantice el cobro puntual todos los meses y que se respeten íntegramente las mejoras que ya tenemos firmadas".

Desde el Ayuntamiento de Cádiz se ha hecho un llamamiento a la calma, recordando que el proceso de adjudicación formal aún no ha concluido y se encuentra siguiendo los cauces estrictamente legales. Ante la presión sindical y las evidentes dudas que suscitan los informes de viabilidad económica, el gobierno municipal ha mantenido varias reuniones con la representación de las trabajadoras para evaluar el estado de la licitación de un servicio que engloba a 70 centros municipales.

A día de hoy, la plantilla se encuentra al corriente de pago y el servicio opera con normalidad bajo el marco vigente. Sin embargo, la movilización continuará de manera preventiva. Las trabajadoras de la limpieza de Cádiz han dejado claro que su protesta no responde a intereses políticos ni a preferencias corporativas, sino al elemental derecho de proteger su salario y la estabilidad de sus familias frente a las dinámicas de la subcontratación a la baja. Una gestión administrativa interna eficiente y responsable es, a ojos de este colectivo, la única garantía para evitar que la historia de precariedad se vuelva a repetir.