Las discrepancias entre el Gobierno central y el alcalde de Cádiz, José María González, están más incendiadas que nunca a raíz de las deteneciones producidas ayer a los manifestantes de la huelga del metal. El alcalde Cádiz pidió el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusa de avivar el fuego de las protestas con este dispositivo policial que sorprendió ayer por la mañana a algunos de los arrestados cuando volvían de llevar a sus hijos del colegio.
El Gobierno, por su parte, insiste en que entre los siete detenidos por los disturbios en Cádiz durante la huelga del metal tres no son trabajadores del sector sino "delincuentes habituales con antecedentes", trasladaron fuentes próximas a la investigación.
Interior desplegó un llamativo dispositivo tras días de investigaciones. Los arrestados son acusados de delitos de desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad, lesiones y daños. Fuentes oficiales aseguraron que a los detenidos se les leyó sus derechos y se les condujo a comisaría, y que todos colaboraron y acudieron de forma voluntaria. En las dependencias policiales se instruyeron las correspondientes diligencias y quedaron en libertad a la espera de ser llamados a declarar por la autoridad judicial. Los trabajos han indagado sobre las movilizaciones y los disturbios de aquellos días de noviembre y se han basado, informan fuentes policiales, “en imágenes captadas” durante la huelga.
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