El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido a trámite los recursos presentados por la Coordinadora Ecologista Almeriense contra distintas resoluciones de las consejerías de Industria, Energía y Minas, y de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Las impugnaciones se refieren al procedimiento relacionado con la explotación de yacimientos de yeso en el municipio de Sorbas, en la provincia de Almería, vinculados a la empresa Saint-Gobain.

El procedimiento cuestionado se centra en la prórroga de la concesión minera conocida como “Los Yesares”, que contempla una explotación de larga duración en una zona incluida dentro de la Red Natura 2000 y catalogada como Zona de Especial Conservación (ZEC). Según la información aportada por la organización ecologista, la autorización permitiría la extracción de yeso durante un periodo de treinta años.

La Coordinadora Ecologista Almeriense sostiene que la decisión administrativa permitiría actividades extractivas en espacios con protección ambiental, con posibles efectos sobre ecosistemas de alto valor, como la flora, la fauna, el sistema kárstico y la hidrogeología del área. La entidad también afirma que, en este proceso, se habrían desestimado aportaciones realizadas en fases de participación pública.

En su análisis del contexto provincial, la organización recuerda que Almería es uno de los principales focos de producción de yeso a nivel internacional. Añade que en la provincia existen espacios protegidos donde la explotación está restringida por razones ambientales, y que en otros casos anteriores se han denegado prórrogas a empresas del sector como Knauf o ETEX, lo que habría llevado a trasladar la actividad a zonas sin restricciones.

La Coordinadora señala que, en etapas previas, la administración autonómica habría mantenido una línea de no autorización de explotaciones en áreas protegidas, mientras que en el caso actual considera que se ha producido un cambio de criterio con la aprobación de la prórroga a Saint-Gobain. La organización sitúa el valor estimado de la producción asociada a la concesión en torno a 700 millones de euros y los beneficios en aproximadamente 100 millones.

Las dudas planteadas

Asimismo, la entidad plantea dudas sobre el tratamiento diferenciado entre distintas empresas del sector, al señalar que otras compañías operan en el mismo entorno geográfico y bajo condiciones similares, pero sin recibir la misma autorización. También apunta que la empresa dispone de importantes reservas de yeso fuera de zonas protegidas, que superarían los 600 millones de toneladas, que no estarían siendo explotadas.

En el ámbito ambiental, la Coordinadora denuncia posibles impactos sobre cavidades kársticas, hábitats protegidos y zonas incluidas en la Red Natura 2000, como Sierra Cabrera-Bédar. Entre los elementos afectados menciona hábitats catalogados como prioritarios y especies de flora y fauna protegida, basándose en informes técnicos y documentación recopilada por la organización.

El proceso se encuentra actualmente en el ámbito contencioso-administrativo, aunque la Coordinadora Ecologista Almeriense no descarta la apertura de actuaciones en vía penal en función de la evolución de las investigaciones. La entidad también ha solicitado mayor transparencia sobre determinados aspectos del expediente, incluida la información relativa a las reservas de mineral en la zona, mientras el caso continúa su tramitación judicial.