La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que Fernando Giménez, actual vicepresidente segundo de la Diputación de Almería por el Partido Popular, podría haber sido uno de los beneficiarios de una comisión del 10 % vinculada a un contrato de suministro de material sanitario adjudicado durante la pandemia. El contrato, que ascendía a algo más de dos millones de euros, está siendo investigado en el marco del denominado caso ‘Mascarillas’.
Un informe de la UCO, al que ha tenido acceso la agencia EFE, recoge diversas conversaciones de WhatsApp entre Giménez y el entonces vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, también del PP. En uno de los intercambios, mantenido poco después de que se confirmara la llegada del avión con el material sanitario al aeropuerto de Almería, los agentes detectan un lenguaje codificado que podría estar relacionado con el reparto de comisiones.
La conversación incluye expresiones como “talla 20” y “al final será más o menos la 10”, que, según los investigadores, podrían corresponderse con un porcentaje del contrato destinado al cobro de comisiones. La UCO interpreta que este lenguaje velado encubriría una posible distribución de unos 200.000 euros. Otras alusiones como “ponerse un guante” o “necesitar una talla más grande” refuerzan, según el informe, la tesis del uso de claves para ocultar el verdadero contenido de los mensajes.
En otra conversación, Giménez hace un comentario sobre una televisión, en un contexto que los investigadores relacionan con una posible dádiva. Liria, en esa misma conversación, califica el aparato como “gratis”, lo que la Guardia Civil interpreta como un indicio de posibles regalos ofrecidos en el marco de la operación. Los mensajes, por su contenido y temporalidad, sustentan la sospecha de que Giménez conocía y participaba en el acuerdo de reparto.
Paralelamente, el presunto intermediario entre la empresa adjudicataria y la Diputación, Kilian López, mantuvo una conversación a través de la red cifrada Encrochat en la que mencionaba la necesidad de obtener 200.000 euros en efectivo. López sugería que ese dinero sería para pagar una comisión y preguntaba a su interlocutor si conocía a alguien que pudiera blanquearlo mediante préstamos.
Medio millón de mascarillas
La adjudicación del contrato, que incluía la compra de 500.000 mascarillas FFP2, 250.000 pares de guantes de nitrilo y más de 10.000 trajes de protección, se hizo de forma directa a la empresa Azor Corporate. Sin embargo, la ejecución fue deficiente, con retrasos y entrega de material no conforme, lo que obligó a la Diputación a rescindirlo anticipadamente. Según la UCO, Liria conocía de antemano el precio real de los productos ofrecidos desde China y los presentó a un precio notablemente inflado, lo que habría generado un importante sobrecoste.
Liria y Giménez compartían un grupo de WhatsApp con el presidente de la Diputación, Javier A. García, donde trataban asuntos de gestión durante la pandemia. No obstante, las comunicaciones clave para la adjudicación se produjeron de forma privada entre los dos vicepresidentes. La UCO sostiene que Giménez autorizó y promovió el contrato en su papel de responsable político durante el estado de alarma.
La investigación judicial permanece abierta en Almería desde hace más de dos años por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Óscar Liria llegó a ingresar en prisión provisional en 2021, aunque fue liberado posteriormente con medidas cautelares. Las pesquisas continúan bajo secreto parcial.


