Después de más de dos décadas de litigios judiciales, medio centenar de sentencias y una interminable sucesión de recursos y bloqueos institucionales, el polémico hotel de El Algarrobico tiene los días contados desde el punto de vista legal. El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha emitido un dictamen preceptivo y vinculante en el que declara nula de pleno derecho la licencia de obras concedida en enero de 2003 al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) para la construcción del edificio de 21 plantas de Azata del Sol en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, considerado uno de los espacios naturales más valiosos del Mediterráneo.

El dictamen, fechado el 22 de mayo, valida la propuesta municipal para dar cumplimiento a las sentencias firmes dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2021 y por el Tribunal Supremo, que en distintas resoluciones habían ordenado al Consistorio carbonero iniciar este procedimiento de revisión de oficio ante la evidencia de múltiples ilegalidades en la concesión del permiso. Tras recibir el dictamen, el Ayuntamiento de Carboneras deberá elevar el texto a pleno municipal para certificar la anulación definitiva de la licencia, despejando el horizonte jurídico para la futura demolición del inmueble.

Dos ilegalidades que invalidan la licencia desde su origen

El Consejo Consultivo fundamenta la nulidad sobre dos pilares jurídicos sólidos. El primero es la invasión de suelo protegido: tras revisar la planimetría original del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994 publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el órgano concluye que la parcela tenía asignada la protección C1 (Áreas Naturales de interés general), lo que la convertía en suelo no urbanizable. El CCA rechaza así expresamente la versión que el Ayuntamiento de Carboneras mantuvo durante años, según la cual los planos calificaban el sector como urbanizable. La licencia se concedió, por tanto, vulnerando una normativa medioambiental de obligado cumplimiento que prevalecía sobre cualquier planeamiento municipal.

El segundo motivo es la flagrante vulneración de la Ley de Costas de 1988, que imponía una servidumbre de protección de 100 metros desde la ribera del mar. El hotel se proyectó basándose en un Plan Parcial aprobado meses antes de la entrada en vigor de dicha ley, que contemplaba un margen de apenas 20 metros. El Consejo Consultivo aclara que el Ayuntamiento tenía la obligación legal de revisar y adaptar ese plan a la nueva normativa antes de otorgar cualquier permiso. Al no hacerlo, la licencia concedida en 2003 invadió ilegalmente el dominio público marítimo-terrestre.

El dictamen también desestima las alegaciones de la empresa promotora, que intentó frenar la revisión argumentando que habían transcurrido más de veinte años desde la concesión del permiso. El CCA aclara que no cabe aplicar límites temporales a esta revisión, ya que la dilación se debe precisamente a la intensa actividad judicial de las últimas dos décadas en la que han participado todas las partes implicadas.

Greenpeace reclama partidas presupuestarias para el derribo

La reacción de Greenpeace no se hizo esperar. La organización ecologista, que lleva 12 años impulsando específicamente la vía administrativa para la revisión de oficio de la licencia, celebró el dictamen como una victoria histórica y anunció que solicitará de forma inmediata al Ayuntamiento la demolición del inmueble al considerar que ya no quedan obstáculos administrativos para ello. "El dictamen no es una sugerencia, es el acta de defunción legal del hotel", declaró el coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero, que reclamó la entrada de maquinaria para recuperar el espacio del parque natural.

La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, fue aún más contundente: "Hoy celebramos mucho más que la anulación de un permiso de obras; celebramos el fin de la impunidad en nuestras costas", afirmó, calificando la actitud del Ayuntamiento de Carboneras durante estos cuatro años de "insumisión judicial intolerable". La organización ha reclamado además que los presupuestos públicos de 2026 y 2027 incluyan ya las partidas necesarias para la demolición y restauración del entorno, cuyo coste estima en más de siete millones de euros según un informe encargado por la propia entidad.

Greenpeace también interpreta que la declaración de nulidad desde el origen de la licencia cierra la puerta a que la promotora Azata del Sol exija indemnizaciones millonarias al Estado, ya que estas no podrían fundamentarse sobre un permiso que fue ilegal desde el primer minuto. La empresa llegó a reclamar más de 70 millones de euros en el pasado. En cualquier caso, el dictamen del CCA establece que cualquier eventual indemnización deberá determinarse en un procedimiento específico posterior, ya que el Ayuntamiento reconoce carecer por el momento de los medios necesarios para estudiar este asunto en detalle.