El Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz ha condenado a la empresa Tempo y a Tragsa, de forma subsidiaria, a abonar 16.189,05 euros a tres trabajadores del servicio de limpieza de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz.
Tempo Facility, subcontrata del servicio, dejó sin abonar a estos tres empleados, afiliados al sindicato USO, varias nóminas, vacaciones y partes de sus pagas extraordinarias cuando la Subdelegación rescindió el contrato con ella. La empresa pública Tragsa, que se hizo con el nuevo contrato, asumió la actividad el 16 de marzo de 2020 y, con ella, a estos tres trabajadores, entre otros subrogados de la antigua plantilla.
La sentencia es clara contra Tempo: “Incumplidos los deberes de retribuir (...) procede, sin más, la condena a lo devengado y no abonado a cada uno de los tres demandantes”. Sin embargo, Tempo, que está en concurso de acreedores, no compareció en el juzgado, ni tampoco sus administradores concursales.
La duda se trasladaba a si la empresa que se hizo con el servicio asumía esta deuda con los trabajadores. Señala la sentencia que, “aunque sea empresa pública que utiliza el procedimiento denominado ‘encomienda de gestión’ por parte de la Subdelegación del Gobierno, lo cierto es que esta actividad está basada en la mano de obra y los demandantes han sido subrogados por tal entidad, tiene asumida toda la posición de empresario. Se sigue realizando la misma actividad, en las mismas instalaciones y con la misma plantilla, por lo que ha existido una transmisión de un conjunto que es una unidad económica con entidad”.
Tragsa alegaba que se hizo cargo del servicio de forma provisional, pero la sentencia considera que “desde el año 2020 ha existido una verdadera sucesión empresarial del artículo 44 del Estatuto y, por tanto, procede la condena solidaria de Tragsa”.
Tempo y Tragsa deberán abonar a los tres empleados los montantes adeudados, además de los intereses correspondientes a 698 días. Esto suma un total de 16.189,05 euros, correspondiendo la mitad a la trabajadora más afectada por los impagos. La Subdelegación del Gobierno, por su parte, ha sido absuelta de responsabilidades.
Miguel Paramio, secretario general de USO-Cádiz, cuyos servicios jurídicos han conseguido la sentencia, muestra su satisfacción “porque estos trabajadores están continuamente sujetos a cambios de contratas, de empresas que entran y luego desaparecen, de subrogaciones que no se cumplen... y siempre son los trabajadores del sector los que salen perdiendo. Así se demuestra que, a pesar de los bailes de empresas, la responsabilidad con la plantilla sigue vigente”.
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