Las madres y padres de escolares de centros públicos de Sevilla, representados por la Federación de AMPA Nueva Escuela (Fampa), han solicitado la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, por lo que consideran una “grave vulneración de la Constitución Española” por parte de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, gobernada por PP y Ciudadanos, al permitir las procesiones “simuladas” de los escolares en los centros educativos públicos de la comunidad. Las familias reclaman la prohibición de estos actos para “garantizar el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la libertad religiosa y de creencias, y a la aplicación del principio de no confesionalidad del estado en todas las dependencias públicas, incluidos los centros educativos”.
La Fampa, que agrupa a 500 asociaciones de madres y padres de colegios públicos, reclama la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz porque considera que se está vulnerando de forma “grave” la Carta Magna en el tema de la celebración de procesiones de Semana Santa “simuladas” en los colegios públicos desde el departamento que dirige el consejero Javier Imbroda, de Ciudadanos. Esta federación recuerda que la Constitución “consagra la aconfesionalidad del Estado, la libertad religiosa y el respeto a las creencias sin que nadie pueda ser discriminado ni tener un trato desfavorable por ellas”.
Los representantes de las madres y padres de alumnos creen que esta “simulación de cofradías de Semana Santa” en los colegios públicos de Andalucía contraviene la Constitución ya que se efectúa “en horario lectivo sin que forme parte de ningún contenido curricular ni pueda ser considerada una actividad complementaria al no tener ningún fin pedagógico, de actos seudorreligiosos en los que participa el alumnado del centro”.
Las familias de los alumnos consideran que estos actos no pueden ser considerados parte del contenido de la asignatura de religión porque no tienen como objetivo “la enseñanza y conocimiento de una concreta religión o de una tradición o actividad cultural religiosa”, sino “la simulación de un hecho cultural con importantes connotaciones religiosas”. Fampa lamenta ante el Defensor del Pueblo Andaluz que la Administración autonómica anteponga el principio de libertad religiosa porque no se trata “de actos de fe celebrados en ámbitos privados”, sino en espacios públicos como son los centros educativos, “donde más sigilo y cuidado deben tener los poderes públicos”.
El departamento que dirige Javier Imbroda dejó la responsabilidad última de estas celebraciones en las direcciones de cada colegio, basándose en el principio de autonomía de los centros, una decisión que el secretario de Fampa Nueva Escuela de Sevilla, Juan Miguel Garrido, considera “un acto de irresponsabilidad política y dejación de funciones públicas” por “permitir la ilegalidad, las actuaciones discriminatorias y la generación de situaciones de agravio, no ya entre el propio alumnado, sino entre un centro y otro, permitiendo que se tomen decisiones que pueden vulnerar la legalidad al margen de la administración educativa competente, que es quien tiene la obligación de garantizarla”.
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