Las teleoperadoras, en huelga para evitar abusos de Majorel: "Cobro menos que cuando entré hace 15 años"

Un matrimonio con turnos distintos que usa dos coches para trabajar, una mujer con un hijo con autismo que no consigue medidas de conciliación o un empleado sancionado sin sueldo por decirle a un cliente que tenga educación, son algunos ejemplos de las prácticas que sufren los trabajadores de la empresa en Jerez

Maite Garro, empleada de Majorel desde hace 15 años.
Maite Garro, empleada de Majorel desde hace 15 años. JUAN CARLOS TORO
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Maite y su marido trabajan en la misma empresa, a más de 40 kilómetros de su casa, pero cada día usan dos coches distintos para acudir a su puesto de trabajo porque la compañía en cuestión, Majorel, no les concede medidas de conciliación para que puedan tener el mismo horario y ahorrarse el doble gasto en gasolina.

Maite Garro, que lleva 15 años en la compañía, cobra ahora unos 300 euros mensuales menos que cuando empezó. Desde entonces ha ido encadenando contratos, y ahora está 30 horas semanales por unos 800 euros. “Antes gastaba 120 euros en gasolina, ahora 240 euros”, señala, tanto ella como su marido, que hacen malabares para cuidar de sus hijos. Ella tiene turno de 8.00 a 14.00 horas y él, de 10:00 a 18.00 horas. “Lo llevamos mal”, confiesa.

Manuel Pérez estuvo, en una ocasión, sancionado dos meses sin empleo ni sueldo por decirle a un cliente que debía tener más educación, un conflicto por el que incluso acudirá a juicio para defender su honor. Sus dos primeros años en Majorel, como es habitual, estuvo contratado a través de una ETT (Empresa de Trabajo Temporal), por lo que durante ese periodo no tuvo vacaciones, ni días libres.

A otra trabajadora, que prefiere no dar su nombre, le deniegan medidas de conciliación para cuidar de su hijo con autismo porque su marido está en el paro, “y él puede cuidarlo”. “Me tuve que preparar para tratar a mi hijo, para trabajar su evolución, algo que mi marido no ha hecho”, se lamenta. Aún así, sigue esperando que le cambien el turno.

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Huelga de trabajadoras de Majorel.  JUAN CARLOS TORO 

Son algunos ejemplos de las prácticas abusivas que sufren los más de 1.000 trabajadores que tiene en su sede de Jerez la empresa Majorel, una de las principales compañías del sector del contact center (teleoperadoras), cuyos trabajadores se encuentran en huelga este lunes para pedir a la patronal (CEX) que mejore el convenio colectivo de 2019, que sigue en vigor, desde cuando tienen el sueldo congelado, antes de la pandemia y de sufrir una inflación por las nubes.

“La empresa no para de ganar dinero y, nosotros, de perderlo”, cuenta Jesús Arregui, uno de los empleados que se manifiesta frente a la sede jerezana de Majorel. Una huelga que apoyan diversos sindicatos, CCOO, UGT, CGT, USO y el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), bajo el lema “Ya no podemos más, trabajar nos cuesta dinero”, por lo que piden a la compañía que mantenga el teletrabajo, para ahorrarles los costes de combustible a sus empleados.

“Cobro casi lo mismo que cuando entré, pero todo sube”, lamenta Jesús Arregui, que lleva doce años en la empresa. Él se traslada todos los días desde Cádiz. Si antes empleaba 200 euros en gasolina, ahora gasta 300. “Me está costando 100 euros más que hace unos meses venir a trabajar, y eso lo estoy quitando de mi casa”, reseña. “Me queda nada y menos para vivir”, apunta. A él, a su mujer —que trabaja cuatro horas diarias en una guardería por 400 euros mensuales— y a sus dos hijos.

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Empleadas de Majorel, en huelga.  JUAN CARLOS TORO

"O vives o disfrutas”. Es la tesitura a la que se enfrentan Jesús y su familia, que cada vez tiene menos margen para actividades de ocio. “Trabajas y ganas dinero, pero lo tienes que reinvertir. Ni ahorras, ni haces nada fuera de casa. Del trabajo a casa y de casa al trabajo”, describe. Él, que era electricista en el extinto hotel Caballo Blanco de El Puerto, se recicló cuando cerró, y se metió a teleoperador “por tener un sueldo y no estar en paro”. “Todos los días me planteo dejarlo, cada vez que me levanto por la mañana. Si me sale algo mejor me voy”, asegura tajante. El problema es que no lo encuentra.

La empleada que tiene a un hijo con autismo, que vive en una localidad de la Bahía de Cádiz, gasta 200 euros mensuales en gasolina, aunque de momento sigue teletrabajando, una medida que le empresa quiere eliminar hacia el mes de septiembre próximo. “Teletrabajo sí”, se puede leer en una pancarta que porta. “Así compartimos más con la familia y seguimos cumpliendo los objetivos”, sostiene. Majorel no parece que esté muy por la labor de satisfacer esta petición.

Durante sus seis horas diarias de trabajo, tiene que cumplir las metas marcadas por la compañía, en principio asequibles, pero muy complicadas según se den las condiciones. “Hay veces que te piden cerrar un contrato al día, pero puedes estar una hora sin tono de llamada… y los objetivos no varían". Una compañera, que asiste a la conversación, confirma lo complicado que es llegar a los objetivos por los condicionantes externos. Ella, que es madre soltera, tampoco quiere volver a la presencialidad, “porque tengo que estar viendo quién me la cuida”. Ambas cobran unos 800 euros mensuales.

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Jesús Arregui, trabajador del sector.  JUAN CARLOS TORO

Manuel Pérez, delegado de CGT en Majorel, sabe lo que es sufrir sanciones por no cumplir los objetivos. “Nos meten mucha presión, todos los días hay normativas nuevas, no tenemos descanso entre llamadas —deberíamos tener 30 segundos, pero ni eso—”, enumera. Dos meses estuvo sin cobrar, “solo por pedirle a un cliente que tenga más educación”. Él, que lleva seis años en la empresa, supera por poco los 1.000 euros de sueldo, pero perdió 100 euros cuando pasó de la ETT a la compañía. “Busco trabajo, pero no hay nada. Y aquí lo saben y te lo dicen, que si tan mal estás, busques otra cosa”, sentencia.

Los sindicatos, que iniciaron sus protestas hace unos meses, piden una revisión del convenio laboral —congelado desde 2019— para equiparar el sueldo al IPC, y otras medidas, como un bono de 45 euros mensuales por teletrabajar —algo a lo que obliga la Ley de trabajo a distancia aprobada recientemente— en un sector en el que trabajan 120.000 personas en toda España, unas 96.000 de ellas, mujeres. Majorel, Konecta, Atento, Intelcia y Teleperformance tienen el 50% del negocio del telemarketing, que gestiona llamadas de sectores como sanidad, banca, eléctricas, telefónicas o seguros, y que representa la patronal CEX, la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente.

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Manuel Pérez, empleado sancionado por Majorel.   JUAN CARLOS TORO

Apoyo político a la huelga de Majorel

Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía en las elecciones del 19J en la comunidad, ha estado presente en la huelga de las teleoperadoras de Majorel, donde ha pedido que se mejoren las condiciones laborales de la plantilla gracias al uso de los fondos europeos.

"Este es un sector que está creciendo y en el que tiene que haber una implicación del poder político para facilitar el respeto a las trabajadoras de nuestra tierra, desde la Administración pública se pueden hacer muchas cosas”, asegura Rodríguez, para quien se debe "condicionar los fondos europeos y los fondos de rescate al respeto de la normativa laboral vigente y a la mejora de las condiciones laborales del personal”.

En Majorel, asegura la candidata de Adelante Andalucía, hay un “abuso de parcialidad en las jornadas, las jornadas a tiempo parcial no son para estirar a los trabajadores como un chicle, son en función de si hay una producción que requiere el tiempo parcial, pero aquí se utiliza para poder contar con ellas en cualquier momento del día, impidiendo que tengan posibilidad de conciliar y de tener una vida normal”.

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Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía, ante los medios.  JUAN CARLOS TORO

En la huelga también han estado representantes de Por Andalucía, la coalición de izquierdas que integran Podemos, IU, Más País, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde. El concejal de IU en Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo, asegura que “no vamos a parar hasta conseguir ayudarles a alcanzar un convenio para los teleoperadores que regule y dignifique sus condiciones de trabajo”.

“Por los trabajadores y las trabajadoras de Majorel y por todos los que padecen las condiciones de trabajo a las que son sometidos por empresas explotadoras que amasan beneficios a costa de la salud de sus plantillas. Ni un paso atrás”, reseña Ruiz-Berdejo.

Sobre el autor:

Francisco Romero

Francisco Romero

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Antes de terminar la carrera, empecé mi trayectoria, primero como becario y luego en plantilla, en Diario de Jerez. Con 25 años participé en la fundación de un periódico, El Independiente de Cádiz, que a pesar de su corta trayectoria obtuvo el Premio Andalucía de Periodismo en 2014 por la gran calidad de su suplemento dominical. Desde 2014 escribo en lavozdelsur.es, un periódico digital andaluz del que formé parte de su fundación, y con el que obtuve en 2019 una mención especial del Premio Cádiz de Periodismo.

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