Sofía no se llama así, pero prefiere preservar su intimidad. Ella es una de las 94.417 personas —cuando se redacta este artículo— que está contagiada por el coronavirus en España, aunque en breve espera formar parte de la lista de los recuperados. Hace un par de semanas que empezó a encontrarse mal, le dolía la cabeza y estaba muy cansada. Luego llegó la fiebre. Llamó a Salud Responde y tras someterse a unas pruebas se confirmó el positivo, por lo que desde entonces vive sola en su casa. Sus dos hijos, un niño de once años y una niña de ocho meses, están con tías suyas —en casas separadas— y su marido se encuentra cumpliendo condena en prisión.
“Ahora estoy un poco mejor”, cuenta Sofía al otro lado del teléfono cuando atiende a lavozdelsur.es. La fiebre ya no llega a 39 o 40 grados, ahora no pasa de 38. “Se supone que lo estoy pasando”, dice, aunque a esta jerezana todavía le quedan unas semanas de confinamiento para evitar contagiar a sus hijos. Para colmo, regenta una tienda de alimentación que lleva dos semanas cerrada, ya que no puede trabajar con la Covid-19. Por eso pide a la dirección de Puerto III, donde se encuentra su marido, que le otorgue un permiso para poder trabajar en el negocio y que entren algunos ingresos en su vivienda.
“Es de extrema necesidad para la unidad familiar que mi representado, al menos durante el tiempo que se encuentren vigentes los efectos del decreto de estado de alarma de fecha 14 de marzo, pueda, ya no solo hacerse cargo al menos unas horas del único negocio familiar, sino de los hijos habidos del matrimonio, de ocho meses y once años de edad, ya que la compareciente, dado su estado de salud y grave peligro de contagio, se ve impedida de poder estar con sus hijos”, recoge el abogado de la familia en un escrito dirigido a la prisión portuense.
“El negocio familiar, única fuente de sustento de la familia, se encuentra cerrado y sin atender, además de que se trata de establecimiento en el que se venden productos de alimentación y por lo tanto de primera necesidad”, relata el escrito, que pide acogerse al artículo 100.2 del reglamento penitenciario para “flexibilizar el sistema de clasificación la junta de tratamiento” y que el marido de Sofía pueda trabajar en la tienda. De momento, sigue esperando que le llegue la documentación a su marido para que pueda tramitar el permiso con el centro penitenciario.
"No le entregan nada", insiste Sofía, quien cuenta que este 31 de marzo le han llegado los cobros de la cuota de autónomos, la luz y otros recibos que ha tenido que devolver. "No he podido hacer frente a ello", dice, ya que hace medio mes que tiene su tienda cerrada. "El banco me dice que me va a generar intereses, pero no puedo hacer otra cosa", comenta. "Bajo estas circunstancias tan difíciles no puedo optar a pagar un sueldo a un empleado, por eso ruego que se tenga en cuenta esta propuesta debido a que a mi marido no tendría que pagarle ningún sueldo y sería de gran ayuda, ya que mi negocio no lo puedo mantener cerrado porque es de primera necesidad y el Estado no me ayuda de ningún modo", recoge en un escrito dirigido a la dirección de Puerto III.
Sofía, junto a otras familiares de internos de las cárceles gaditanas, solicita que se tomen medidas para prevenir contagios en las cárceles. “Hay mascarillas porque las metimos a través de voluntariado, los funcionarios parece que tienen mascarillas y guantes”, relata a lavozdelsur.es, al mismo tiempo que añade que tiene constancia de que hay varios internos aislados en Enfermería. “Dicen que no hay contagiados, pero no se hacen pruebas”.
El marido de Sofía no presenta síntomas, de momento, y evita aglomeraciones en la medida de lo posible, “pero en el comedor están todos juntos”, se queja ella, “el que no baja no come”. Él, cuando dispone de peculio —cantidad que le ingresa la familia—, compra comida en el economato, aunque debe guardar dinero para las llamadas. Desde la entrada en vigor del estado de alarma han pasado de tener diez a 15 semanales, cada una con un coste de un euro y una duración de ocho minutos. Para evitar contagios, su marido utiliza una solución de agua con lejía para limpiar la cabina cada vez que la utiliza. “Hay dos teléfonos por módulo y en cada uno hay más de 100 internos”, cuenta ella.
En un escrito dirigido al director de Puerto III al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, familiares de internos le piden que se intensifique la limpieza y desinfección de las instalaciones, "sobre todo en zonas comunes". "Somos conocedores de la donación de mascarillas, de las cuales los internos no están haciendo uso. Los familiares estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que ellos tengan sus EPI (equipos de protección individual— como todo ser humano en las circunstancias en las que nos encontramos. Solo queremos velar por su salud, prevención y protección", aseguran.
"Es difícil cumplir los protocolos en prisión"
“Es difícil cumplir los protocolos en prisión, ¿cómo te separas dos metros de un interno?”, se preguntaba hace unos días un funcionario de prisiones de la provincia de Cádiz en declaraciones a lavozdelsur.es. “Los internos están más nerviosos y molestos porque creen que los funcionarios les van a contagiar el virus y también se está viendo más tensión porque la droga ya no entra por los vis a vis”, señalaban desde la asociación Tu Abandono Me Puede Matar, que pide que se extreme la seguridad en las prisiones.
“En Puerto I han sido incautadas 600 pastillas psicotrópicas —como tranxilium o trankimazin—”, relataban funcionarios de prisiones. “Así se consiguió evitar la desgracia que habría supuesto el consumo de las mismas”, señalan. Para ello fue necesario realizar cacheos de internos y requisar los productos en las propias celdas, sin disponer de EPI (Equipo de Protección Individual), “exponiéndose a contagio y evitando consecuencias peores, salvaguardando la salud y vida de los internos”.
Los funcionarios llevan desde que empezó el estado de alarma reclamando más medidas de prevención y desde la asociación piden al Ministerio del Interior que dote a todos los centros penitenciarios de los correspondientes Equipos de Protección Individual. “Queda demostrado que necesitamos un estatuto propio porque estos días tan complicados y peligrosos no lo tendrán nunca el resto de miembros de la Administración General del Estado”, rematan.
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