CCOO de Andalucía ha lanzado una seria advertencia sobre la grave crisis laboral y de seguridad que atraviesa la justicia juvenil andaluza, un pilar esencial del sistema público de protección y responsabilidad penal de menores. El sindicato exige medidas urgentes al Gobierno andaluz ante una situación que considera ya insostenible.
La alerta llega tras analizar los datos de un reciente estudio de la Consejería de Justicia, valorados por la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega. El informe revela que el 92 % de los menores infractores toma conciencia de la gravedad de los delitos cometidos y que el 84 % reconoce el daño causado y logra empatizar con la víctima. Para el sindicato, “estos resultados son consecuencia directa del trabajo educativo, técnico y humano desarrollado por los y las profesionales de la justicia juvenil andaluza”.
El foco en el personal de atención directa
Sin embargo, CCOO denuncia que este reconocimiento no se traduce en mejoras reales para las plantillas. Vega subraya que “la prolongación de la prórroga de los contratos de los Grupos Educativos de Convivencia (GEC) y de los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) sin revisión de precios ni actualización contractual” está provocando una congelación salarial prolongada, agravada por la inflación acumulada y con efectos directos sobre la estabilidad del empleo y la calidad del servicio de cara a 2026.
El sindicato pone el foco en el personal de atención directa —educadores y educadoras sociales, auxiliares técnicos educativos y auxiliares de cuidado educativo—, quienes asumen los mayores riesgos. Según una encuesta piloto de CCOO, “cerca del 80% de este personal ha sufrido algún tipo de agresión”, y casi la mitad de los episodios combinan violencia física y verbal.
La necesidad de garantizar la seguridad
La situación ha derivado, según Vega, en “una auténtica crisis estructural de seguridad laboral”. En los últimos meses se han registrado en Andalucía al menos seis agresiones graves, con denuncias, fracturas y hospitalizaciones, además de amenazas y violencia verbal, como el caso ocurrido recientemente en el CIMI de Churriana. “Esta realidad está teniendo un impacto severo en la salud mental y emocional de las personas trabajadoras”, advierte.
Aunque el modelo sea externalizado, CCOO señala que el Gobierno andaluz "es plenamente responsable de garantizar que las entidades adjudicatarias implementen medidas de seguridad eficaces". En este sentido, la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha exigido la implantación inmediata de protocolos y medios de seguridad adecuados, el reconocimiento del personal de atención directa como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, con la correspondiente acreditación, la incorporación al Observatorio de Justicia Juvenil de Andalucía de un registro y análisis específico de las agresiones sufridas por el personal, así como el estudio de medidas preventivas y la dignificación de las condiciones laborales y retributivas de unos profesionales esenciales para el éxito del sistema.
