La Policía Local de Sevilla ha interceptado en la tarde de este jueves a un usuario de patinete eléctrico que circulaba por la autovía SE-30, una de las principales vías de alta capacidad de la ciudad, poniendo en riesgo tanto la seguridad del tráfico como su propia integridad física. La actuación se produjo después de que los agentes detectaran la presencia del vehículo de movilidad personal en un tramo no permitido para este tipo de dispositivos.
Según ha informado el propio cuerpo policial a través de sus redes sociales oficiales, una patrulla localizó al conductor mientras avanzaba por la autovía y procedió a situarse a su altura para obligarle a detener la marcha. La intervención concluyó sin que se hayan comunicado daños personales, aunque los hechos han sido considerados de especial gravedad por el peligro que implicaba la circulación de un patinete en una infraestructura diseñada exclusivamente para vehículos a motor.
Como consecuencia de lo ocurrido, los agentes han incoado al conductor un expediente sancionador por conducción temeraria. Este tipo de infracción está contemplada en la normativa municipal vigente y puede acarrear sanciones económicas de cuantía elevada en función de la gravedad de los hechos.
La entrada en vigor
La actuación policial coincide con la reciente entrada en vigor de nuevas medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Sevilla para regular el uso de los Vehículos de Movilidad Personal, entre ellos los patinetes eléctricos. La normativa endurece las reglas de circulación y establece multas que pueden alcanzar los 500 euros, además de imponer la obligatoriedad de utilizar casco debidamente abrochado.
El nuevo marco regulador, aprobado con el objetivo de frenar la siniestralidad tras constatarse un aumento de accidentes, prohíbe que más de una persona viaje en el patinete y sanciona la ausencia de chaleco reflectante durante la noche o en situaciones de escasa visibilidad. Los incumplimientos de la normativa conllevan multas de 200 euros, si bien las infracciones más graves previstas en la ordenanza pueden elevar la sanción hasta los 500 euros.