Hay un titular que puede pensarse que es positivo: desciende a la mitad en el último año la llegada de migraciones forzosas a la frontera sur de Europa. La llegada por vía marítima a la costa gaditana, que en 2018 concentró el desembarco de 20.084 personas, recibió en el pasado 2019 a 5.805 migrantes. El reverso tenebroso de este titular, que no es positivo, está más abajo: en Marruecos. Para reducir estos flujos, la UE y España han subvencionado al país del norte de África con al menos 160 millones y la financiación de 384 vehículos todoterreno que no han servido más que para incrementar la vulneración de los derechos humanos.
Habla Rafael Lara, miembro del equipo Frontera Sur de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que ha analizado esta semana el balance migratorio anual y que lleva asumiendo junto al equipo este encargo desde 2003. “Estos datos no pueden considerarse un éxito ni mucho menos; se ha descendido en el número de personas que llegan a nuestro país, pero a costa de una cruel represión en Marruecos, de una violación terrible superior a la que ya se estaba haciendo de los derechos humanos en este país”. También, añade, a costa de “una crisis social del propio pueblo marroquí, con millones de euros de dinero público que, por una parte, van al control migratorio y, por otro, a los fondos de reptiles de la casta que gobierna Marruecos”.
“Se están subvencionando prácticas de violencia, maltrato y muerte contra la población subsahariana, que se ve sometida a la prohibición de residir en las ciudades del norte del país, y que son objeto de continuas redadas de deportación tanto en campamentos como en viviendas particulares”, expone Ana Rosado, del equipo de Migraciones de la Apdha.
Aparte de la subcontratación de la represión, el despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, es imparable, con la consecuente militarización de los rescates y la merma en las funciones de Salvamento Marítimo. Un servicio público que tenía como objetivo garantizar el derecho a la vida. ¿Esto que ha provocado? Que hayan muerto 34 personas más intentando alcanzar las costas españolas este último año respecto a las que hubieran correspondido por volumen de llegadas en 2018. Ese año perdieron la vida 1.064 personas, mientras que en 2019 fueron 585, 331 fallecidos y 254 desaparecidas.
Aquí Rafael Lara frena en seco. Porque los números hablan de seres humanos, no pueden despacharse en frío y sin más. “Creo que de alguna forma el tema de las migraciones traspasa nuestra realidad y permanece con una fuerte indiferencia de la sociedad. Ante esta realidad sangrante y cruel, que necesita mucha humanidad, empatía y solidaridad, nos preocupa bastante que de esa indiferencia beban las actitudes más rechazables de nuestra sociedad, de la mano del racismo y la xenofobia, que se basan en ideas abominables y en datos y noticias falsas”.
En busca de un giro radical con el nuevo Gobierno
Por ello, aunque es “lamentable” que tenga que ser una ONG la que se ocupe de recabar por fuentes extraoficiales estos balances, “estos informes tienen la utilidad de que ponen negro sobre blanco cuál es la realidad del fenómeno migratorio y desmontan todos esos discursos de odio. Son útiles para seguir avanzando en nuevas políticas, en un giro radical tras treinta años de políticas migratorias espantosas”. Hoy —agrega– “no hay sistema de acogida, solo se busca la detención identificación y expulsión si se puede. Desde 2018 solo ha habido una inversión fuerte con ese objetivo policial, no humanitario”.
Según la asociación, de las 33.261 personas que llegaron al Estado español por la Frontera Sur en 2019, 26.916 lo hicieron por vía marítima, en 1.194 embarcaciones de todo tipo, y 6.345 por vía terrestre a Ceuta y Melilla. A Andalucía llegaron 20.307 personas, de las cuales 6.498 lo hicieron a Almería; seguida de Cádiz, con 5.805; Granada (4.128); Málaga (3.819); y Huelva (52). Respecto a las rutas, el balance refleja un aumento considerable de la ruta de Canarias, con un dato que duplica las llegadas del año anterior, de 1.425 en 2018 a 2.918, en 2019. "Esta es una de las rutas más peligrosas, que se ha cobrado la vida de 200 personas”, aseguran desde Apdha.
“Es necesario un giro radical, sabemos que es complejo y es difícil porque hay muchos intereses creados: la UE, el miedo a la ultraderecha que, en lugar de combatirla, se traduce en aceptación de postulados incluso por parte de la izquierda, presión de lobbies y empresas que ganan mucho dinero con la gestión de las fronteras…”, mantiene Lara. Y avanza: “El acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos introduce algunos elementos, tienen algunos aspectos positivos, una música un poco distinta, hablan de vías legales y seguras, aspectos de acogida digna para personas migrantes, pero pedimos que se concrete en una letra y en acción política, pedimos que este Gobierno verdaderamente atienda las exigencias de los sectores progresistas sobre el drama migratorio”.
Especialmente dolorosos fueron para la organización los naufragios del 16 y 17 de mayo, con 23 personas muertas, la muerte el 8 de mayo, de una bebé de poco más de un año llamada Sephora, o las de las 37 personas el pasado 28 de septiembre, cuyos cadáveres fueron apareciendo poco a poco en las costas de Mohammedia, en Marruecos". No obstante, la ruta más mortal de todas es la de Alborán, que ha llegado a cobrarse la vida de 262 personas. En su trabajo de monitoreo, la asociación ha detectado un crecimiento en la llegada de personas marroquíes en relación con las personas subsaharianas, y ha determinado que fueron 8.066 los niños y niñas (acompañados de sus familias o solos) los que llegaron a las costas españolas.
Ello significa un aumento con respecto a 2018 (7.053) del 12,58% pero, sobre todo, un importante incremento porcentual con respecto a las llegadas totales, ya que casi un 30% de las personas llegadas a España por vía marítima han sido menores de edad.
En cuanto al género, la organización no gubernamental ha informado de que se ha producido un descenso de la llegada de mujeres, un 12,63% en 2019, frente a un 17% en 2018, que achaca a la disminución de personas subsaharianas, debido a la "enorme represión" desarrollada por Marruecos.
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