Facua Andalucía ha dirigido un escrito al Gobierno de la Junta para que amplíe con sus propios presupuestos el Bono Social Térmico, del Gobierno de España y gestionado por las comunidades autónomas, y que las cantidades destinadas a los beneficiarios sean más elevadas.
De esta manera, se reduciría la cuantía económica que los usuarios deben destinar a actividades que requieren energía calorífica, como calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, independientemente de cuál sea la fuente de energía utilizada.
La federación estima que este paso es necesario ya que la economía de los consumidores andaluces se ha visto gravemente afectada en el último año, atendiendo al precio de la energía, el cual no ha cesado en su aumento. Este factor, entre otros, ha contribuido a un crecimiento considerable de la inflación.
Como consecuencia de ello, los consumidores andaluces han tenido una pérdida de poder adquisitvo en sus hogares ya que los gastos cada vez son más altos, en especial para aquellos usuarios vulnerables que ya de por sí presentan dificultades para asumir los costes que implica el mantenimiento de sus viviendas a una temperatura adecuada.
Por si fuera poco, lejos de constituir un hecho puntual, según las previsiones existentes, el precio del gas seguirá su tendencia creciente a lo largo de este año 2022. Por tanto, la dificultad de mantener sus viviendas en unas condiciones dignas no sólo no va a mejorar, sino que empeorará notablemente.
Al respecto, la federación entiende que desde el Gobierno autonómico andaluz se deben emprender, con carácter urgente y firme, cuantas medidas sean necesarias para disminuir de esta manera la carga económica en concepto de energía a la que se enfrentan en la actualidad un número preocupante de andaluces.
Es un programa del Gobierno de España creado en el artículo 5 del Real Decreto-ley 15/2018 para compensar los gastos térmicos ocasionados a los consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción y el agua caliente o cocina.
Supone una ayuda económica directa complementaria al Bono Social Eléctrico y es el propio Gobierno central el que transfiere los respectivos fondos a las comunidades autónomas, es decir, cada comunidad autónoma establece la cuantía económica.
En el caso de Andalucía, su pago se gestiona a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda), por delegación de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y cuenta con un presupuesto total de 27.545.735 euros. Las ayudas varían entre 35 y 373,17 euros y se aplicarán según el grado de vulnerabilidad que la persona beneficiaria tenga recogido en el Bono Social Eléctrico y la zona climática en la que se ubique su vivienda habitual.
Se trata de una herramienta válida y necesaria para revertir la situación económica en la que se encuentran actualmente gran parte de los consumidores de la comunidad autonóma del sur de España, pero su aplicación no está resultando suficiente.
El Real Decreto 15/2018 de 5 octubre de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, en su artículo 10.5, establece en relación con el bono social térmico y su forma de pago y financiación: "Las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía podrán ampliar la cuantía otorgada con cargo a sus propios presupuestos, debiendo especificarse el porcentaje de cofinanciación de las Administraciones participantes en las comunicaciones a que se refiere el apartado anterior".
Con base en lo anterior, la ley señala que las comunidades autónomas tienen potestad para aumentar la cuantía marcada para el bono social térmico. Por tanto, Facua Andalucía exige al Gobierno de la Junta de Andalucía que, utilizando esta posibilidad que le permite la norma, asuma su responsabilidad y establezca un porcentaje para ampliar esta cantidad a cargo de los propios presupuestos andaluces máxime teniendo en cuenta que la región presenta una de las rentas per cápita más bajas del país y una situación económica extrema.
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