La Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, pide 28 años de cárcel para Ana Duato y los mismos para Imanol Arias por un supuesto fraude cometido entre 2009 y 2015, ademas multas que alcanzan cantidades cercanas a los 16 millones de euros. Los actores están acusados por cometer siete supuestos delitos fiscales, uno por cada ejercicio fraudulento, por lo que solicita cuatro años de prisión por cada uno de ellos.
Duato y Arias ya abonaron gran parte de la cuota defraudada, lo que les servirá como atenuante e intentar evitar su ingreso en prisión. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dictó un auto en junio de 2019 proponiendo juzgar a los actores Imanol Arias y Ana Duato junto a otras 29 personas físicas y jurídicas por el llamado caso Nummaria, el despacho de abogados dedicado presuntamente a construir y mantener una estructura jurídico económica para que clientes como estos evadiesen impuestos.
El principal investigado es Fernando Peña, máximo responsable de Nummaria. El juez expone que creó una estructura de sociedades "cuya única finalidad es la es la de evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta le genera". Sólo él habría eludido 9,8 millones de euros en IRPF y 5,8 millones con el IVA.
El despacho "facilitó estructuras jurídico-económicas diseñadas, implementadas y gestionadas con la única finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes, bien frente a la Hacienda Pública, bien frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentan algún derecho de crédito contra aquellos". Estas estructuras eran, según el juez, casi idénticas para todos los clientes.
En el caso de la estructura que Nummeria creó para Imanol Arias, le permitió, según el juez, ocultar al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó. De acuerdo con los informes del auxilio judicial, las cuotas presuntamente defraudadas en su IRPF ascenderían a 2.784.933,99 euros.
La resolución recoge que el actor, con posterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras de la AEAT (ejercicios 2009 y 2010) y al inicio de las presentes actuaciones, ha realizado ingresos por la cuota de los ejercicios 2009 y 2010 y por declaraciones complementarias presentadas que ascienden a 2.344.237,20 euros. En cuanto a la estructura que construyó Peña para Ana Consuelo Duato Boix y para Miguel Ángel Bernardeu Maestro, otro de los clientes a quien propone juzgar, el auto dice que ambos "ocultaron al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación, como actriz y productor, en la serie de televisión "Cuéntame cómo pasó".
Respecto a la actriz, el informe del auxilio judicial cifra por encima de 1,9 millones de euros el dinero en cuotas de IRPF que presuntamente habría defraudado a través de Nummeria en los ejercicios de 2010 a 2012 y de 2014 a 2017. No obstante, tras el inicio de actuaciones inspectoras de la AEAT, ha ingresado 185.213,76 euros por el ejercicio 2010; 311.370,92 por 2011 y 341.578,93 euros por el año 2012.
Para controlar el sistema, el responsable de Nummeria contó con su hijo Pedro Ángel Peña Bello y los jefes de departamento José Luis Álvarez García (fiscal), Pedro Mena Regodón (contable] y Francisco Javier Gómez Gutiérrez (jurídico), quienes, de acuerdo al auto, "actúan coordinadamente bajo la jefatura de Fernando Peña y con reparto entre ellos de funciones, manteniendo su ilícita actividad de forma permanente al menos desde el año 2005". "Los integrantes del despacho eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas", añade.
El sistema que utilizaban mantenía en muchos casos oculta la titularidad de las sociedades, lo que evitaba contingencias fiscales por IRPF, así como las asociadas al reparto de beneficios desde las sociedades a sus accionistas (dividendos y asimilados) o posibles ganancias de patrimonio no justificadas derivadas de la tenencia y/o aportaciones de capital vía ampliaciones o prestamos desde las personas físicas a las sociedades operativas, según explica el instructor.
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