El 19 de mayo de 2021, Kira, una adolescente de 15 años, puso fin a su vida tras sufrir años de bullying en el colegio Pare Manyanet. Sus padres, José Manuel y María José, llevan desde entonces luchando por hacer justicia, por honrar la memoria de su hija y para que en España haya una ley contra la violencia escolar.
En el duro camino de un duelo que nunca acaba, los progenitores de Kira han tenido que soportar desde el cruel mensaje que un alumno del referido centro educativo le mandó a Kira riéndose de su muerte días después de su fallecimiento hasta los más de 100 mensajes vejatorios de un padre del colegio, que ya ha sido condenado.
Por si no fuera suficiente, María José y José Manuel también se han tenido que enfrentar a las represalias del Pare Manyanet –para cuyo exdirector la Fiscalía pide cinco años de prisión por un caso de acoso al denunciante de un cura pedófilo de la institución– para intentar lavar su imagen. Una querella, como cuenta la madre de Kira, que fue utilizada contra ellos como "arma para vender un relato en su comunidad y generar titulares contra nosotros para seguir tapando las violencias de las que Kira fue víctima en ese colegio".
El litigio, curiosamente, fue iniciado ocho días después de que los padres de Kira presentasen una demanda civil –que fue admitida a trámite– contra ellos tras saber que irían a juicio por su inacción en el caso de acoso escolar sufrido por la joven.
"Esa estrategia queda desmontada"
La querella del centro ha sido archivada por la justicia: "Hoy esa estrategia queda definitivamente desmontada y estamos convencidos de que servirá en el juicio que se celebrará en enero de 2027 para demostrar la mala fe con la que han actuado", ha señalado María José.
En el auto, la magistrada sentencia que en las manifestaciones de los progenitores de Kira no existe ánimo de injuriar ni de calumniar, sino únicamente la expresión del dolor por la pérdida de su hija y la crítica a la actuación del colegio en relación con su suicidio. Señala expresamente que dichas manifestaciones están protegidas por la libertad de expresión y no constituyen delito alguno.
Además, el mismo auto indica de forma clara que el sobreseimiento de la vía penal por el presunto delito de inducción al suicidio fue provisional, y que los padres pueden acudir a otras jurisdicciones para buscar una respuesta a sus reclamaciones, tal como hicieron mediante la interposición de la demanda civil. "Esta aclaración es especialmente importante para nosotros, ya que el colegio lleva años afirmando todo lo contrario".
El auto también critica que el colegio haya engordado la demanda con publicaciones de terceros y que no haya acreditado de forma alguna el supuesto perjuicio que todas esas declaraciones les estaban causando, cuantificándolas, eso sí, en unos 277.000 euros.