Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel, asesinado el 27 de febrero de 2018, ha decidido ampliar la denuncia que presentó en su día contra Ana Julia Quezada, condenada por el crimen, y la actual pareja de esta. La decisión se produce tras la aparición de nuevos elementos vinculados al intento de ambas de impulsar un documental sobre el caso, un proyecto con el que pretendían generar beneficios cercanos a los 300.000 euros.
La causa, que ya se instruye en el juzgado de instrucción número 1 de Almería, se enmarca en un contexto más amplio en el que también se analizan un supuesto trato de favor a la reclusa en prisión a cambio de relaciones sexuales con funcionarios y las amenazas de muerte denunciadas por Ramírez tras la paralización del proyecto audiovisual. Ahora, la madre solicita que se incorporen nuevos delitos, entre ellos uno contra la integridad moral y otro por lesiones psíquicas.
Nuevas pruebas apuntan a una presión emocional sostenida
La ampliación de la denuncia se apoya, en gran medida, en el análisis de diversas pruebas, especialmente conversaciones telefónicas entre la pareja de Quezada y un tarotista. En estos audios, la mujer, una joven catalana que acudía a prisión para mantener encuentros vis a vis, habría revelado detalles sobre la intención de la asesina de percibir un adelanto económico de 20.000 euros por participar en el documental. Asimismo, tras la paralización del proyecto, se recogen expresiones de amenaza como "te juro que me las va a pagar".
La representación legal de Patricia Ramírez sostiene que estos elementos probatorios permiten interpretar el documental no solo como un contexto, sino como un instrumento central de presión y victimización. En palabras de su abogada, Verónica Guerrero, “el material probatorio incorporado tras la denuncia inicial –singularmente los audios originales y sus transcripciones– permite apreciar que el documental no operó únicamente como marco contextual de las amenazas, sino como elemento central de una dinámica de victimización diferenciada, proyectada sobre la señora Ramírez mediante la instrumentalización del asesinato de su hijo Gabriel, su señalamiento como responsable de la frustración de dicho proyecto y la consiguiente generación de un cuadro de hostilidad, presión y castigo emocional con aptitud propia para lesionar su salud psíquica y su integridad moral".
En este sentido, la acusación considera que la actuación de las investigadas habría provocado un impacto emocional directo en la víctima, derivado tanto de las amenazas como de la utilización del crimen con fines económicos. Como parte del procedimiento, Patricia Ramírez se someterá a una evaluación en el Instituto de Medicina Legal con el objetivo de determinar el alcance de las posibles secuelas psicológicas. Esta prueba pericial busca valorar el daño sufrido a raíz de los hechos denunciados y su posible relación con las actuaciones investigadas.
La madre del menor ha solicitado que en dicho examen se analicen específicamente “los daños psíquicos, emocionales y de afectación a la integridad moral que la preparación y posible grabación del documental han podido ocasionar en la víctima", en un intento de que la justicia reconozca el alcance de unas conductas que, a su juicio, han prolongado el sufrimiento más allá del crimen.